Una nueva tensión política ha emergido entre el Ejecutivo y el Partido Comunista a raíz de una iniciativa legislativa que busca alterar los cimientos de la Ley Naín-Retamal. El Presidente José Antonio Kast utilizó su cuenta oficial en la red social X para manifestar su rotundo rechazo a un proyecto de ley presentado por parlamentarias del sector comunista, el cual tiene como objetivo principal la derogación de diversos artículos de la mencionada normativa.
La controversia se originó este martes, cuando las diputadas Lorena Pizarro y Nathalie Castillo ingresaron formalmente una propuesta que busca endurecer las sanciones para los funcionarios públicos que incurran en abusos de poder. Según el articulado del proyecto, la iniciativa plantea que cualquier empleado público que, haciendo un uso abusivo de su cargo o de sus funciones, aplique, ordene o consienta la aplicación de apremios ilegítimos, así como otros tratos crueles, inhumanos o degradantes —siempre que estos no alcancen a constituir la figura de tortura—, sea castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo, junto con la accesoria correspondiente.
El proyecto de ley no se limita únicamente a quien ejecuta la acción, sino que extiende la responsabilidad a los niveles jerárquicos superiores. El texto especifica que la misma sanción deberá imponerse a aquel empleado público que, teniendo conocimiento de la ocurrencia de estas conductas, no haya impedido o hecho cesar la aplicación de los apremios o tratos degradantes, siempre y cuando haya tenido la facultad, la autoridad necesaria o se encontrara en una posición que le permitiera intervenir para detener tales actos.
Ante la presentación de este marco normativo, el Presidente José Antonio Kast reaccionó de manera inmediata a través de sus redes sociales. En su publicación, el mandatario fue enfático al declarar que su gobierno ha respaldado y continuará respaldando, con toda la fuerza posible, la labor y el compromiso que Carabineros de Chile demuestra en su misión de protección de todos los ciudadanos chilenos.
El Presidente no solo reiteró su apoyo a las fuerzas policiales, sino que lanzó una advertencia clara sobre la postura del Gobierno frente a este tipo de iniciativas. Kast señaló explícitamente que se opondrá a todos aquellos proyectos de ley que tengan como fin quitarle a las policías las garantías y las herramientas operativas que consideran necesarias para combatir la delincuencia y el crimen organizado en el país.
La respuesta del Ejecutivo no pasó desapercibida para las autoras de la iniciativa, quienes respondieron rápidamente a las acusaciones del mandatario. La diputada Lorena Pizarro aclaró, en declaraciones entregadas a La Tercera, que el proyecto de ley presentado no contraviene la lucha contra el crimen organizado ni busca defenderlo o facilitar su persecución. En un tono crítico, Pizarro aseguró que quienes realmente defienden al crimen organizado son aquellos pertenecientes al sector representado por el Presidente, haciendo referencia específica a quienes votan en contra del levantamiento del secreto bancario.
Asimismo, la parlamentaria sostuvo que la propuesta legislativa no tiene la intención de sancionar injustificadamente ni de arrebatar derechos a Carabineros o a otras policías. Según Pizarro, el objetivo es poner las sanciones en una "justa medida", alineándose con el derecho internacional de protección a los derechos humanos, para garantizar que las personas puedan ejercer plenamente su derecho fundamental a manifestarse.
Por su parte, la diputada Nathalie Castillo reforzó los argumentos de su colega, subrayando que el proyecto ingresado tiene como propósito resguardar la manifestación social. Castillo explicó que, si bien la iniciativa aumenta algunas penas para los agentes del Estado que abusen de su poder, en ningún caso esto implica la eliminación de las garantías que Carabineros de Chile requiere para enfrentar y combatir el crimen organizado. Con esto, las diputadas buscan desvincular la protección de los derechos humanos y la sanción al abuso estatal de la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad.
