La propuesta del gobierno federal de eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) ha generado una profunda preocupación entre especialistas en educación. Aunque esta medida responde a una de las demandas centrales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), diversos académicos advierten que ceder a esta petición podría reabrir la puerta a prácticas discrecionales en la asignación de plazas, promociones y cambios de adscripción docente en el país.
En el marco de las negociaciones con la CNTE, los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Educación Pública, Mario Delgado, junto con el director general del ISSSTE, Martí Batres, presentaron una ruta de trabajo. El objetivo es sustituir a la Usicamm por un nuevo esquema que regule el ingreso, la promoción y el reconocimiento docente. Como parte de este plan, se ha contemplado la instalación de una mesa plural el próximo 15 de junio, la cual será la encargada de elaborar la iniciativa de reforma para sustituir al organismo.
La postura de la CNTE se basa en que la Usicamm implementa mecanismos de evaluación y asignación de plazas que generan inequidades, afectan los derechos laborales de los maestros y dificultan la movilidad docente. Por estas razones, la desaparición del organismo es un punto neurálgico en sus exigencias.
No obstante, Marco Fernández, académico de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey y coordinador del Programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa, ha lanzado una advertencia clara. Según Fernández, la propuesta impulsada por la CNTE busca regresar al esquema de "comisiones mixtas" que operaba antes de las reformas educativas de años recientes. El especialista explica que dicho modelo terminó siendo controlado por las estructuras sindicales, lo que permitió que las decisiones sobre ascensos y plazas fueran discrecionales.
Fernández señala que, aunque estas comisiones estaban integradas teóricamente por la autoridad y el sindicato (específicamente el SNTE), en la práctica estaban totalmente dominadas por el gremio. Para el experto, si bien la Usicamm presenta deficiencias y requiere cambios, el punto central de la discusión debe ser la creación de reglas que garanticen procesos transparentes, verificables y libres de discrecionalidad en el nuevo modelo. Existe el temor de que, sin mecanismos claros de supervisión, se reinstalen prácticas que favorezcan intereses políticos o sindicales sobre los criterios públicos de mérito.
La Usicamm fue creada en septiembre de 2019 bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, sustituyendo al Servicio Profesional Docente del gobierno de Enrique Peña Nieto. Como órgano de la Secretaría de Educación Pública (SEP), su función ha sido administrar los procesos de selección, asignación de plazas y cambios de centro de trabajo. A partir de 2025, la SEP anunció su eliminación para transitar hacia un sistema que se pretenda más justo y transparente. Actualmente, la movilidad docente se realiza priorizando la antigüedad, la disponibilidad de vacantes, la proximidad a las comunidades de origen y eventos públicos presenciales para la asignación.
Por su parte, Erik Avilés, presidente de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, sostiene que la Usicamm nació con vicios operativos, mencionando plataformas inestables, criterios opacos y una desconexión con las realidades de las regiones más vulnerables. Afirma que, en el campo técnico, nadie defiende el organismo en su forma actual. Sin embargo, hace una distinción crítica: reformar un organismo deficiente es muy distinto a desmantelarlo sin una arquitectura de reemplazo que evite que la plaza pública se convierta nuevamente en un mercado de favores sindicales y políticos.
Avilés argumenta que la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros fue una concesión que eliminó la evaluación punitiva pero no construyó un sistema de mérito robusto. A su juicio, la Usicamm combinó la burocracia evaluativa sin rigor y concursos sin garantías de imparcialidad.
El riesgo más grave, advierte Avilés, es que la nueva ley no establezca con precisión los mecanismos de selección y supervisión ciudadana independiente. Esto podría beneficiar a los actores que convirtieron el sistema previo a 2013 en un mercado de plazas. El especialista recalca que cuando el sindicato controla el ingreso, controla la lealtad y, consecuentemente, el voto, convirtiendo las plazas en instrumentos de movilización política, un hecho que describe como cotidiano en estados como Michoacán. Finalmente, advierte que la falta de transparencia podría conducir nuevamente al "mercado negro de claves presupuestales", donde las plazas se heredan, venden o intercambian por favores.
