¿Puede el sistema de salud colapsar debido a órdenes judiciales? En Brasil, la judicialización de la salud ha alcanzado niveles críticos. Solo en medicamentos para acciones individuales, el impacto llega a los 2.700 millones de reales, una cifra comparable al presupuesto total del servicio de urgencias SAMU. En total, el impacto potencial podría alcanzar los 200.000 millones de reales, amenazando la estabilidad presupuestaria del Ministerio de Salud.
Para enfrentar esto, se propone el "constitucionalismo transformador". El objetivo no es simplemente emitir sentencias, sino implementar "procesos estructurales". A diferencia de una orden judicial tradicional, estos procesos buscan un diálogo permanente y coordinado entre el Poder Judicial y el Ejecutivo para solucionar las fallas sistémicas que generan la desigualdad en el acceso a la salud.
El desafío es doble: por un lado, garantizar que el Estado entregue los servicios prometidos y, por otro, combatir la judicialización predatoria, que ignora las reglas del sistema público para presionar la compra de medicamentos de altísimo costo.
El Ministerio de Salud ya implementa medidas para mitigar este escenario. Entre ellas destacan la Política de Asistencia Farmacéutica Oncológica, el desarrollo de una plataforma nacional para mapear solicitudes judiciales y la creación de actas de registro de precios para los diez medicamentos más judicializados, buscando reducir costos y agilizar la entrega.
La propuesta final es superar la visión clásica de separación de poderes para avanzar hacia una cooperación activa. Solo a través de un mecanismo dialógico y organizado se podrá garantizar el derecho fundamental a la salud sin comprometer la sostenibilidad del presupuesto público.
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