El próximo 10 de junio se cumple un año desde que la Corte Suprema dejó firme la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Actualmente, la ex presidenta cumple su pena bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica en su departamento de Constitución.
Recientemente, la justicia rechazó el pedido de la ex mandataria para retirar el dispositivo de control. El juez Rodrigo Giménez Uriburu ratificó la vigencia de todas las condiciones del arresto, señalando que el cumplimiento estricto de las reglas es, precisamente, lo que ha justificado la continuidad de la modalidad domiciliaria.
La convivencia con el arresto ha generado diversas disputas legales. Sobre el uso del balcón, los jueces indicaron que se espera de la solicitante criterio y prudencia para no perturbar la tranquilidad del vecindario. En cuanto a las visitas, tras un incidente donde asistieron nueve economistas simultáneamente, el tribunal endureció las reglas: ahora solo se permiten dos encuentros semanales, con un máximo de tres personas y un límite de dos horas. Además, el acceso a la terraza quedó restringido a solo dos horas diarias.
Más allá de las restricciones personales, la batalla judicial continúa por el decomiso de bienes para recuperar fondos derivados de la corrupción. La defensa de Kirchner recurre nuevamente a la Corte Suprema para evitar la ejecución de activos a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, argumentando que se lesiona el derecho de propiedad de sus herederos.
Hasta el momento, el TOF 2 ha habilitado el decomiso de 111 bienes de Lázaro Báez y Cristina Kirchner, además de 19 propiedades a nombre de sus hijos en Río Gallegos y Lago Argentino. Incluso, se evalúa si algunos de estos inmuebles serán asignados para el uso del Poder Judicial o el Consejo de la Magistratura.
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