"Quietita, calladita". Así comienza el relato de Julieta Saulo, quien tras un parto traumático en 2008 descubrió que en Argentina existe la Ley 25.929 de Parto Respetado. Esta norma, aprobada en 2004 y reglamentada en 2015, garantiza que las personas gestantes sean tratadas con dignidad, reciban información clara sobre las intervenciones y tengan derecho a estar acompañadas durante el proceso.
Sin embargo, la realidad en las salas de parto revela una brecha alarmante entre la ley y la práctica. El Observatorio de Violencia Obstétrica de Argentina y la AASAP denuncian que el sistema continúa regido por la sobremedicalización y el maltrato. Los datos son contundentes: el 46% de las personas gestantes manifestó haber sufrido maltrato psicológico y verbal. Además, el 80% de las episiotomías y el 90% de las maniobras de Kristeller se realizaron sin autorización ni aviso previo.
La violencia obstétrica se manifiesta desde el uso de diminutivos paternalistas que despojan de dignidad, hasta la manipulación psicológica para aceptar prácticas quirúrgicas innecesarias. Para Julieta Saulo, fundadora de la asociación feminista "Las Casildas", la información es la herramienta fundamental para que las mujeres recuperen la autonomía y el lugar central en su propio parto.
El análisis advierte que, lamentablemente, el parto respetado se ha vuelto en muchos casos una cuestión de privilegios, accesible principalmente para quienes pueden costear profesionales privados. El desafío actual es que el marco legal, considerado vanguardista a nivel mundial, deje de ser letra muerta y se implemente como una política pública efectiva. El objetivo es que el respeto sea la regla general y no una excepción basada en la capacidad económica.
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