El juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, llega a su fase final con testimonios que complican la estrategia de la defensa. La causa investiga la presunta creación de una plaza "a medida" en la Diputación de Badajoz, entonces gobernada por el PSOE.
Uno de los puntos más críticos fue la declaración de Cristina de Frutos, una candidata cualificada que aseguró haber sido advertida por WhatsApp de que el puesto ya estaba asignado al hermano del presidente. Relató que su entrevista duró solo 15 minutos y que el tribunal no le formuló ni una sola pregunta, contrastando con la justificación oficial del nombramiento de David Sánchez, basada en la "excelencia de sus respuestas".
Por su parte, el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, fue contundente: la plaza no nació por necesidad técnica del área de Cultura, sino que fue impuesta desde las altas instancias de la Diputación, señalando la autoría intelectual del expresidente Miguel Ángel Gallardo.
El rastro documental también es comprometedor. Se revelaron correos electrónicos entre David Sánchez y Luis Carrero que discutían la plaza 23 días antes de que se publicaran las bases oficiales. Además, se destacó la rapidez inusual en la homologación de su título académico, resuelta en una semana, un trámite que normalmente requiere meses o años.
Incluso se detectó una alteración documental: el expediente original mostraba a un único candidato, mientras que una versión modificada incluía a seis aspirantes para simular un proceso competitivo.
Ante estos elementos, la mayoría de las acusaciones populares han elevado su petición de condena de tres a seis años. El procedimiento quedará visto para sentencia la próxima semana.
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