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Testigo protegido de la DEA denuncia irregularidades en campañas de Gustavo Petro

El declarante, Juan Fernando Álvarez Meyendorff, dice que entregó información a fiscales de Nueva York sobre presuntos aportes en dólares a proselitismo del mandatario y que por ello afronta acciones judiciales en Colombia

Testigo protegido de la DEA denuncia irregularidades en campañas de Gustavo Petro

¿Un testigo protegido de la DEA contra el presidente de Colombia? Juan Fernando Álvarez Meyendorff, exnarcotraficante y testigo estadounidense, ha radicado una denuncia formal contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara.

Según documentos obtenidos por la revista Semana, Meyendorff afirma haber declarado en al menos tres ocasiones ante fiscales de Nueva York sobre presuntos aportes irregulares en dólares a las campañas políticas del mandatario. El denunciante señala que estos fondos habrían sido canalizados a través del empresario Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del presidente, presuntamente en una finca de Zipaquirá y otras reuniones.

Álvarez Meyendorff sostiene que es víctima de una persecución judicial impulsada por la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Asegura que el direccionamiento de procesos por lavado de activos y extinción de dominio contra él y sus familiares es una represalia directa por su rol como testigo contra Petro en Estados Unidos.

El contexto es complejo. El denunciante formó parte de la llamada "junta del narcotráfico", organización que el propio presidente Petro ha señalado anteriormente. Además, la defensa de Meyendorff denuncia que el proceso legal en Colombia lleva más de 13 años sin resolución, habiendo pasado por seis fiscales distintos y presentando presuntas irregularidades en el expediente.

Por su parte, Carlos Gutiérrez Robayo negó cualquier vínculo con el exnarco y rechazó la existencia de reuniones para la entrega de fondos. El presidente Petro reiteró que cortó relaciones con Gutiérrez Robayo hace años. Asimismo, el Gobierno colombiano y la Embajada en Washington desmintieron la existencia de investigaciones formales en Estados Unidos contra el jefe de Estado, calificando las acusaciones como carentes de fundamento jurídico y fáctico.

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