La organización Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos (MPGR) ha emitido una alerta contundente sobre la situación ambiental de El Salvador, revelando que el país ha perdido un total de 87,000 hectáreas de cobertura arbórea en el periodo comprendido entre el año 2001 y 2025. Esta disminución de la masa forestal no es vista por la organización simplemente como una cifra estadística, sino como un factor determinante que incrementa la fragilidad del territorio nacional y pone en riesgo la seguridad de sus habitantes.
De acuerdo con la información difundida por la MPGR, existe una aceleración preocupante en la pérdida de vegetación en los últimos años. Específicamente, entre 2019 y 2025, se registró la desaparición de 13,000 hectáreas, lo que confirma una tendencia de deforestación creciente. Este fenómeno ocurre en un contexto donde aproximadamente el 30 % del territorio salvadoreño aún conserva algún tipo de ecosistema vegetal o bosque, el cual se encuentra bajo presión constante.
La advertencia fue compartida a través de un comunicado en redes sociales en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, según reportó la agencia EFE. En dicho documento, la MPGR enfatiza que la pérdida de árboles genera efectos directos y tangibles sobre el clima local, la calidad de los suelos y la disponibilidad de los recursos hídricos. La organización sostiene que la reducción de la cobertura arbórea debilita la capacidad natural del terreno para retener el agua y proteger los suelos, eliminando el amortiguador natural contra fenómenos climáticos extremos.
Esta degradación ambiental deja a las comunidades salvadoreñas en una posición de mayor exposición ante desastres naturales. Según la MPGR, la combinación de la falta de vegetación y la erosión del suelo incrementa la probabilidad de sufrir inundaciones, deslaves y olas de calor, además de generar restricciones severas en el acceso al agua potable para la población.
Sobre las causas de este deterioro, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos atribuye el proceso al avance desmedido de la frontera urbanística y a una aplicación débil de las normativas ambientales vigentes. Asimismo, señalan que la falta de un ordenamiento territorial con un enfoque real en la gestión de riesgos ha permitido que las cuencas hidrográficas más importantes del país queden desprotegidas.
La presión sobre los remanentes boscosos se manifiesta principalmente en la expansión de infraestructura urbana. El crecimiento de complejos habitacionales, residenciales y centros comerciales ha provocado la fragmentación de las áreas verdes, especialmente en las zonas metropolitanas. A este factor se suma la expansión de la frontera agrícola, donde bosques nativos son transformados en tierras de cultivo o pastizales destinados a la ganadería. En este sentido, diversas organizaciones de la sociedad civil han cuestionado la emisión de permisos de construcción y la implementación de políticas permisivas que facilitan el cambio de uso de suelo en zonas ya vulnerables.
En cuanto a la distribución territorial, el texto fuente destaca que el departamento de Usulután es el que posee la mayor cobertura arbórea del país, con alrededor de 100,000 hectáreas. De igual manera, se subrayan la importancia de espacios protegidos como la Bahía de Jiquilisco y el Parque Nacional Montecristo como áreas relevantes para la conservación.
Uno de los puntos más críticos señalados por la MPGR es la afectación a la recarga de los acuíferos subterráneos. Al eliminarse los árboles, el suelo pierde su capacidad de infiltrar y almacenar el agua de lluvia. La ausencia de raíces y vegetación no solo eleva el riesgo de deslaves durante tormentas tropicales, sino que también agrava el impacto de las olas de calor debido a la pérdida de regulación térmica natural. Además, la fauna y flora nativas enfrentan desplazamientos masivos, lo que podría empujar a diversas especies locales hacia el peligro de extinción debido a la pérdida de sus hábitats.
Finalmente, la organización advierte que el año 2026 representará un punto crítico para el país. Las comunidades que viven en condiciones de pobreza y exclusión histórica serán las más afectadas, enfrentando un escenario de vulnerabilidad extrema producto de la degradación de los bienes naturales y los impactos del cambio climático.
Ante este panorama, El Salvador mantiene el compromiso internacional de restaurar un millón de hectáreas de bosque para el año 2030, utilizando técnicas de agricultura adaptada al clima y forestería. A través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto al Fondo de Inversión Ambiental, se ejecutan programas como el Fondo de Desarrollo Verde para recuperar zonas Ramsar, incluyendo manglares como el Complejo Jaltepeque. Asimismo, se desarrolla la campaña “Árboles para El Salvador” para reforestar áreas afectadas por incendios. No obstante, la comunidad técnica advierte que los árboles jóvenes no pueden reemplazar de manera inmediata los servicios ecosistémicos que proporciona un bosque maduro.
