¿Es la sala cuna un derecho educativo o un negocio privado? Este es el núcleo del debate sobre el proyecto de Sala Cuna Universal en Chile.
La diputada Carolina Cucumides plantea que los primeros años de vida son los más determinantes y que esta política es, en esencia, una estrategia educativa de largo aliento. El objetivo es eliminar una barrera que ha afectado la contratación de mujeres por más de un siglo, permitiendo que accedan al trabajo sin castigos.
Sin embargo, surge una pregunta crítica: ¿de qué sala cuna estamos hablando? Mientras el ministro del Trabajo, Tomás Rau, analiza escenarios financieros y cotizaciones, la oposición advierte que no se puede reducir la primera infancia a un simple sistema de váuchers privados. La propuesta es que estas salas sean operadas por instituciones como Junji, Integra y los VTF, priorizando estándares pedagógicos y profesionales capacitados sobre el lucro.
Otro punto clave es la eliminación de la barrera de las 20 trabajadoras. Actualmente, las empresas solo están obligadas a tener sala cuna si cuentan con 20 mujeres en su dotación. Cucumides sostiene que este modelo es obsoleto y debe transitar hacia la corresponsabilidad, integrando a hombres y mujeres por igual en la crianza y tutela de sus hijos.
Para lograrlo, se propone un sistema de bonificación estatal que ayude a las empresas a financiar este derecho, evitando que toda la carga económica recaiga exclusivamente sobre ellas. Bajo la premisa de que "gobernar es educar", se argumenta que la sala cuna universal no es un gasto, sino la inversión más rentable para el país, garantizando que la maternidad no sea un obstáculo para trabajar, estudiar o capacitarse.
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