El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este jueves el inicio de la consulta pública previa del anteproyecto de ley destinado a prohibir el acceso de menores de 16 años a las bebidas con alto contenido en cafeína. Esta nueva normativa no solo limitará la venta de estos productos, sino que también regulará estrictamente la publicidad asociada a ellos.
El anuncio fue realizado por el ministro durante la inauguración del acto conmemorativo por el 25 Aniversario de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Durante su intervención, Bustinduy subrayó la determinación del Gobierno para llevar a cabo esta medida, asegurando que se insistirá las veces que sea necesario hasta que la propuesta se convierta en ley. El ministro fundamentó esta decisión en la obligación democrática de garantizar entornos seguros y saludables para la infancia y la adolescencia, apoyándose en el conocimiento científico, las reivindicaciones de organismos internacionales y una demanda social mayoritaria. Según ha señalado, hasta el 90 por ciento de la sociedad española apoya la implementación de esta restricción.
En cuanto a los detalles técnicos de la normativa, el objetivo es prohibir la venta de cualquier bebida energética a menores de 16 años. No obstante, la restricción será más severa en los casos de productos con una concentración de cafeína superior a los 32 miligramos por cada 100 mililitros, donde la prohibición de venta se ampliará hasta los 18 años. El ministro ha manifestado su intención de agilizar los trámites administrativos para que la ley entre en vigor lo antes posible.
Esta iniciativa regulatoria está diseñada para complementar el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, una norma que ya se encuentra vigente y que prohíbe la comercialización de bebidas energéticas dentro de los centros escolares en todo el territorio nacional. Con la nueva ley, el Ministerio de Consumo busca cerrar el cerco sobre el acceso de los menores a estos productos fuera del ámbito educativo.
El anteproyecto surge como respuesta a la detección de una protección insuficiente y no efectiva de los menores frente a los riesgos sanitarios que conlleva el consumo de estas bebidas. Asimismo, el documento publicado para consulta pone el foco en la alta exposición de los niños y adolescentes a estrategias publicitarias intensivas y atractivas, que en muchos casos promocionan productos con efectos perjudiciales para la salud. El propósito fundamental es proteger el bienestar de los menores, reconociendo su especial vulnerabilidad como consumidores y limitando su acceso a sustancias con alto contenido en cafeína.
Entre los riesgos específicos que se pretenden mitigar se encuentran las alteraciones del sueño, los efectos negativos sobre el sistema nervioso y la consolidación de hábitos de consumo no saludables. Para combatir estos problemas, la norma establecerá restricciones claras sobre el suministro, la promoción y la publicidad de estas bebidas.
La propuesta del Ministerio de Consumo cuenta con un sólido respaldo científico, basándose en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la propia AESAN. Estos organismos advierten que la ingesta excesiva de cafeína puede provocar efectos fisiológicos no deseados, tales como trastornos cardiovasculares, alteraciones del comportamiento y efectos psicológicos. Además, se ha vinculado el consumo regular de estas bebidas con patologías más graves, incluyendo la hipertensión, la pérdida de masa ósea, la osteoporosis y casos de sobredosis de cafeína.
En el plano internacional, España busca alinearse con las políticas de otros países europeos que ya han implementado medidas similares, como es el caso de Noruega, Alemania, Polonia, Letonia, Hungría o Lituania. A nivel nacional, el Gobierno estatal pretende armonizar la legislación para favorecer la unidad de mercado, considerando que ya existen normativas aprobadas o en trámite en comunidades autónomas como Asturias y Galicia.
Los datos que sustentan la urgencia de esta medida provienen de la encuesta ESTUDES, elaborada anualmente por el Ministerio de Sanidad. Este informe revela que el 38,4 por ciento de los jóvenes entre 14 y 18 años consume bebidas energéticas, con una incidencia más alta en los varones (45,7%) que en las mujeres (31%). Un dato especialmente alarmante es que el 15 por ciento de estos adolescentes mezcla estas bebidas con alcohol, una práctica que incrementa significativamente los riesgos para la salud.
Finalmente, el Ministerio ha abierto un periodo de consulta pública para que ciudadanos, asociaciones y organizaciones afectadas puedan enviar sus opiniones y sugerencias sobre la norma, sus objetivos y posibles soluciones alternativas. Los interesados podrán remitir sus comentarios hasta el 19 de mayo a través del correo electrónico consultapublicaaesan@aesan.gob.es. Pablo Bustinduy concluyó destacando que es una obligación de los poderes públicos remover los obstáculos que impiden que una alimentación saludable, nutritiva y sostenible sea un derecho garantizado universalmente.
