Bolivia se encuentra en un momento crítico de tensión política y social. En un intento por mitigar el conflicto, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo han emitido un comunicado conjunto donde valoran la convocatoria del Presidente a un diálogo directo con los sectores movilizados. Ambas instituciones califican esta iniciativa como una «señal positiva» y sostienen que el diálogo sincero y de buena fe es el único camino para resolver las diferencias, atender las demandas sociales y preservar la paz social.
Por su parte, el jefe de Estado informó que el Ejecutivo ha logrado acercamientos con la dirigencia de los campesinos Túpac Katari y de la Confederación de Mujeres «Bartolina Sisa». El presidente señaló que ya se ha dado respuesta inmediata a sus solicitudes y que ahora depende de los sectores la prontitud de asistir al encuentro con el presidente y sus ministros. Asimismo, la autoridad anunció el envío de un proyecto de ley al Legislativo para regular los estados de excepción, bajo un «enfoque humanitario».
Sin embargo, la voluntad de diálogo no es compartida por todos. La Central Obrera Boliviana decidió no sumarse a las negociaciones, mientras que el Cabildo de la Fejuve de El Alto rechazó el diálogo, se declaró en emergencia y exigió la renuncia de Rodrigo Paz.
Este escenario se desarrolla mientras expertos advierten que el conflicto está exacerbando el racismo y dañando el tejido social, en similitud con lo ocurrido en 2019. La gravedad de la crisis se refleja en tragedias humanas, como la muerte de una niña con cáncer que no pudo llegar a su quimioterapia en La Paz debido a los bloqueos de carreteras.
En medio de este panorama, la Iglesia y la Defensoría reiteran su disposición de acompañar los espacios de concertación para proteger los derechos humanos y fortalecer la convivencia democrática en el país.
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