¿Es el crecimiento económico suficiente para garantizar el bienestar social? En Costa Rica, la evidencia sugiere que no. Según el XIX Informe Estado de la Nación, la desigualdad se ha disparado en los últimos 20 años; hoy, el ingreso del quintil más rico es 24,8 veces mayor que el del quintil más pobre.
Un modelo de desarrollo no debe ser solo el aumento del PIB, sino un conjunto de acuerdos económicos, sociales, políticos y culturales que busquen la equidad y la sostenibilidad. Aunque Costa Rica ha basado su estrategia en la estabilidad democrática, la atracción de inversión extranjera y exportaciones de alto valor, centrarse únicamente en variables macroeconómicas no ha logrado reducir la pobreza ni evitar el deterioro de la educación y el sector agrícola.
Actualmente, se discuten proyectos de ley que impactarán este modelo. El proyecto de Asociaciones Público-Privadas busca regular la colaboración entre el Estado y el sector privado para infraestructura y servicios. Asimismo, la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico propone la creación del ECOSEN, una entidad autónoma para la operación del sistema en tiempo real, permitiendo que empresas privadas y cooperativas participen en la generación y venta de energía mediante un despacho basado en el menor costo.
El desafío actual, alineado con debates de la Comisión Económica para América Latina, es transformar el modelo hacia uno más productivo, inclusivo y ecológico. Se requiere una transición donde la educación sea el instrumento fundamental para eliminar la pobreza y donde el acceso a la innovación, la tecnología y la vivienda esté disponible para todos los ciudadanos. El fin último debe ser la prosperidad material y espiritual, priorizando el desarrollo humano y la calidad de vida sobre las cifras macroeconómicas.
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