Una reciente encuesta realizada por Datafolha, en colaboración con el Movimento Mulher 360, ha revelado un dato contundente sobre la percepción de seguridad en Brasil: el 60% de la población considera que las agresiones contra las mujeres representan el crimen más grave que afecta al país en la actualidad. Esta percepción supera ampliamente la preocupación por otros delitos tradicionalmente considerados críticos, como el tráfico de drogas, que fue señalado por el 16% de los encuestados, o los asaltos a mano armada, que solo alcanzaron un 10% de las menciones.
El estudio destaca que esta preocupación es compartida tanto por hombres como por mujeres, aunque existen disparidades significativas al analizar los datos por género. Mientras que el 73% de las mujeres identifican la violencia de género como el problema más grave de la nación, entre los hombres esta cifra desciende al 49%. A pesar de esta diferencia en la intensidad de la percepción, hay un consenso casi absoluto sobre la tendencia del problema: más del 80% de los entrevistados, independientemente de su sexo, afirma que la violencia contra la mujer ha aumentado durante el último año.
En cuanto al marco legal, los resultados sugieren que no existe un vacío de información. La gran mayoría de la población conoce las leyes diseñadas para proteger a las víctimas. La Ley Maria da Penha es reconocida por el 97% de los hombres y mujeres. Asimismo, la Ley del Feminicidio es conocida por el 87% de las mujeres y el 85% de los hombres, mientras que la Ley de Importunación Sexual cuenta con un nivel de conocimiento del 80% en ambos grupos. Estos datos indican que las campañas de divulgación han sido efectivas en términos de difusión.
Sin embargo, el conocimiento de la ley no se ha traducido en una mayor sensación de seguridad ni en una percepción de eficacia judicial. Apenas el 34% de las mujeres considera que la Ley Maria da Penha ha contribuido de manera significativa a la punición efectiva de los casos de violencia. Esta brecha entre la existencia de la norma y su impacto real sugiere que el problema podría residir más en la aplicación de la legislación que en el texto legal mismo.
Un factor determinante en esta falta de seguridad es la desconfianza en las instituciones encargadas de la protección. La encuesta revela que solo el 19% de las mujeres confían plenamente en la policía para su protección, una cifra considerablemente menor al 31% de confianza reportado por los hombres. A pesar de este escepticismo, las víctimas siguen recurriendo a los canales oficiales. El 51% de las mujeres que sufrieron agresiones graves en los últimos 12 meses realizaron una denuncia a través de una Delegacia da Mulher, una comisaría común, llamadas al 190 o 180, o mediante canales de ayuda policial en línea. Esto demuestra que el problema central no es la falta de canales de denuncia, sino la falta de confianza en el sistema.
Ante este panorama, existe una demanda social masiva por cambios estructurales desde la educación. Casi el 90% de los encuestados coincide en que la igualdad de género debería ser un tema obligatorio en las escuelas. La población considera fundamental que niños y jóvenes aprendan a identificar y prevenir la violencia doméstica, participen en dinámicas de respeto mutuo y comprendan que hombres y mujeres poseen la misma importancia y derechos dentro de la sociedad.
Finalmente, la investigación pone de relieve que la mentalidad social no ha avanzado al mismo ritmo que la legislación. Margareth Goldenberg, directora ejecutiva del Movimento Mulher 360, advierte que la población tiende a relativizar comportamientos que sirven de sustento a la violencia de género, señalando que el crimen rara vez comienza con una agresión física.
Los datos son reveladores: el 63% de los hombres y el 50% de las mujeres no consideran como violencia el hecho de que un marido exija las contraseñas de las redes sociales de su esposa o demande ver sus conversaciones. De igual manera, el 72% de los hombres y el 53% de las mujeres no perciben como violencia que un novio exija a su pareja cambiar de ropa antes de salir bajo el argumento de que las personas no la respetarán en la calle.
