El gobierno de Nicaragua confirmó la muerte del dirigente indígena Brooklyn Rivera, quien falleció tras pasar casi tres años bajo custodia oficial.
Según el comunicado gubernamental, Rivera murió debido a una infección bacteriana que se agravó luego de haber padecido COVID-19. Sin embargo, esta versión ha sido cuestionada por activistas, especialistas y organizaciones de derechos humanos, quienes señalan las condiciones de su detención y el manejo de la información sobre su salud.
Reed Brody, abogado especializado en derechos humanos, calificó como un “cinismo inconcebible” que el gobierno se refiriera a Rivera como “Hermano” en un mensaje previo a anunciar su muerte, después de haber mantenido en secreto su paradero frente a su familia y abogados.
La situación de Rivera ya había generado alerta internacional. El pasado viernes, Estados Unidos solicitó públicamente su liberación tras difundirse imágenes del dirigente en estado crítico. Asimismo, el Centro Interamericano para la Asistencia Legal en Derechos Humanos sostuvo que los responsables de su muerte deberían rendir cuentas penalmente.
Brooklyn Rivera fue una figura central del pueblo miskito en la costa noreste de Nicaragua, una zona rica en oro y plata, y estratégica para las inversiones del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Durante décadas, Rivera defendió los territorios ancestrales y la autonomía de su comunidad, enfrentándose al movimiento sandinista.
Su trayectoria estuvo marcada por el exilio en Costa Rica y Colombia, y la fundación de Yatama, la Organización de los Pueblos de la Madre Tierra, desde donde negoció la autonomía para los pueblos de la costa caribeña.
Su muerte cierra una vida dedicada a la reivindicación indígena y reaviva los cuestionamientos internacionales sobre el encarcelamiento de opositores en Nicaragua.
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