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Panamá impulsa Ley de Infraestructuras Críticas y Ciberdefensa

La propuesta, presentada a gremios empresariales, combina criterios de seguridad nacional, supervisión financiera y control de riesgos geopolíticos en sectores como energía, finanzas, transporte y agua.

Panamá impulsa Ley de Infraestructuras Críticas y Ciberdefensa

Panamá se prepara para una reforma profunda en su seguridad tecnológica. El Ministerio de Seguridad Pública impulsa un anteproyecto de "Ley de Infraestructuras Críticas y Servicios Esenciales" para proteger sectores estratégicos como energía, salud, telecomunicaciones, finanzas, agua, alimentación y cables submarinos.

Esta propuesta busca crear el Servicio Nacional de Ciberdefensa, una entidad híbrida, civil y operativa, encargada del monitoreo y respuesta ante amenazas digitales a través de unidades especializadas. Entre sus medidas más estrictas, el proyecto obliga a los operadores críticos y contratistas a revelar a sus beneficiarios finales, prohibiendo el uso del secreto corporativo o fiduciario para ocultar quién ejerce el control de las sociedades involucradas.

Además, la ley introduce la obligatoriedad de contratar seguros contra riesgos cibernéticos y establece filtros rigurosos en las contrataciones, prohibiendo la participación de empresas condenadas por corrupción, delincuencia organizada o violaciones a los derechos humanos. También contempla la creación de un "Consejo Estratégico" con facultades para limitar o suspender operaciones extranjeras que representen un riesgo para la soberanía tecnológica, e incluso exigir que ciertos datos estratégicos permanezcan en territorio panameño.

Sin embargo, la iniciativa ha generado debate. Mientras que el Consejo Nacional de la Empresa Privada considera que es necesaria para fortalecer la capacidad contra ciberdelitos y evitar el control externo de las telecomunicaciones, el abogado José Isabel Blandón advierte que el control sobre la inversión extranjera y la concentración de poder podrían generar incertidumbre y ahuyentar capitales internacionales. Por su parte, el experto José Vega señala que, aunque es un buen punto de partida, el texto omite la protección de datos personales y carece de una coordinación efectiva con otras instituciones del Estado.

El documento se encuentra en fase de consultas y se espera que sea presentado ante la Asamblea Nacional a partir del 1 de julio. Suscríbete a Noticias lat para más noticias.

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