Lo que debía ser una intervención quirúrgica de rutina terminó en una tragedia que ha conmocionado a la opinión pública uruguaya y ha desencadenado una crisis institucional en el ámbito de la salud. La pediatra Soledad Barrera, de 41 años y sin patologías previas, ingresó al quirófano del sanatorio SMI de Montevideo para una cirugía programada de riesgo medio: la extracción de la vesícula. El procedimiento, que no debía exceder los 40 minutos, derivó en un desenlace fatal tras un paro cardíaco ocurrido durante el proceso.
El drama comenzó el día de la operación, cuando Rosario Barrera, madre de la pediatra, escuchó gritos desde el otro lado del quirófano que decían: “María Soledad, despertate”. Poco después, el cirujano y la anestesista informaron a la familia que la paciente había sufrido un paro cardíaco. Aunque Soledad sobrevivió inicialmente al incidente, el evento provocó un daño encefálico severo que la mantuvo en un estado casi vegetativo durante diez meses. Durante ese periodo, la médica se limitó a dormir, abrir los ojos sin visión y responder a estímulos auditivos, mientras dependía de una sonda para alimentarse, proceso que frecuentemente terminaba en vómitos. Finalmente, Soledad Barrera falleció en agosto de 2024.
Ante este escenario, Rosario Barrera inició una batalla legal contra la anestesista a cargo, Inés Miralles. Las denuncias fueron presentadas ante el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Justicia penal. El MSP resolvió inicialmente inhabilitar a la profesional durante cinco años. Por su parte, la justicia penal condenó a Miralles por homicidio culposo debido a mala praxis, resolución alcanzada a través de un proceso abreviado donde se reconoció el delito a cambio de una pena menor. Asimismo, el sanatorio SMI despidió a la médica tras una investigación administrativa que reveló la existencia de "diversas contradicciones, dudas e interrogantes" sobre su proceder.
El caso ha recobrado notoriedad recientemente debido a una polémica decisión política. En marzo de 2025, tras un cambio de gobierno, asumió como ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg. Bajo asesoramiento legal, Lustemberg redujo la inhabilitación de la anestesista de cinco a tres años. Esta medida provocó un fuerte malestar en la Comisión Asesora de Salud Pública, cuyos integrantes habían sugerido la sanción original, resultando en la renuncia de trece de sus quince miembros. La situación ha puesto el foco sobre los presuntos vínculos entre la familia de Miralles y jerarcas del ministerio.
La denuncia por mala praxis se sustenta en la creencia de la familia de que la anestesista no realizó un manejo adecuado del equipamiento y que se ausentó del quirófano durante unos minutos de la cirugía. Este hecho alimentó versiones sobre una presunta adicción de Miralles al fentanilo, un potente opioide utilizado para el control del dolor. Un documento oficial respaldó estas sospechas al señalar que la médica solicitó cinco ampollas del fármaco para la intervención, pero solo utilizó tres.
Recientemente, Inés Miralles rompió el silencio en una entrevista con el programa Informativo Carve de Radio Carve. A pesar de su condena, la anestesista negó ser la responsable de la muerte de Barrera, afirmando que "ella cree que no fue ella" y sugiriendo que existen otros responsables, aunque lamentó que no existan pruebas para señalarlos. Sobre su ausencia en el quirófano, explicó que ese día se sentía mal, con ganas de vomitar y sueño, por lo que solicitó un relevo que no pudo concretarse. Según su versión, salió al baño durante dos o tres minutos para mojarse la cara y refrescarse.
Respecto a las acusaciones de adicción al fentanilo, Miralles las negó rotundamente, calificándolas como rumores comunes en el entorno médico. Justificó la discrepancia en la cantidad de ampollas solicitadas afirmando que tenía la costumbre de dejar recetas firmadas por si otro miembro del personal las requería, admitiendo que esto es un "vicio de los médicos".
Finalmente, la anestesista abordó el vínculo entre su hermana, Matilde Miralles, y Zaida Arteta, directora de Coordinación del MSP. Si bien reconoció que trabajan juntas y se conocen desde el Sindicato Médico, aseguró que tienen formas de pensar distintas y negó que ella o su hermana tengan contacto directo con la ministra Lustemberg. Miralles concluyó señalando que considera que hubo una falta de garantías durante la investigación en su contra.
