El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha dispuesto, a solicitud del Ministerio Público, el envío a juicio de 35 personas implicadas en una estructura de corrupción administrativa investigada bajo el nombre de Operación Calamar. Entre los procesados destacan el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, y el abogado Ángel Lockward, junto a sus empresas, acusados de defraudar al Estado dominicano con una suma que supera los RD$19 mil millones de pesos.
La decisión fue emitida por la jueza Altagracia Ramírez, quien rechazó las peticiones presentadas por las defensas técnicas que buscaban la nulidad del expediente y la extinción de la acción penal. El tribunal determinó que el Ministerio Público incorporó elementos de prueba suficientes para comprometer la responsabilidad penal de los procesados en el entramado criminal desmantelado.
Tras la lectura del fallo, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, calificó la decisión como un triunfo en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Camacho subrayó que, aunque 35 de los 40 acusados han sido enviados a juicio, el Ministerio Público considera que la totalidad de los procesados debe responder por los delitos imputados. En consecuencia, adelantó que se apelarán los autos de "no ha lugar" otorgados a cinco personas, entre ellas el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo Terrero.
Según Camacho, el tribunal incurrió en una "errónea apreciación de varias pruebas" al otorgar los autos de no ha lugar. El procurador señaló que la jueza no valoró correctamente testimonios clave, como los de Ramón Emilio Jiménez (conocido como Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Antonio Ureña, los cuales quedaron grabados en la audiencia pero fueron omitidos en la decisión final. Asimismo, denunció una contradicción evidente en el caso de uno de los acusados que recibió el auto de no ha lugar, a pesar de que el Ministerio Público aportó un documento donde dicha persona escribió su nombre de puño y letra por seis personas, algunas de las cuales ya habían fallecido.
El Ministerio Público identificó a Donald Guerrero como el "eje operativo" de esta estructura criminal, resaltando que los hechos ocurrieron en el seno del Ministerio de Hacienda. Además de Guerrero y Lockward, la lista de enviados a juicio incluye a Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera y Agustín Mejía Ávila. También fueron incluidos César Santana, Omar Miqui Arias, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y Julián Omar Fernández Figueroa.
El esquema defraudatorio, según la acusación, consistió en el desvío de fondos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y la utilización de sobornos para financiar la campaña electoral del año 2020. La estructura también habría sustraído dinero de pagos de deudas a diversos ministerios e implantado un sistema de sobornos relacionado con los juegos de azar, los cuales deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda bajo el marco jurídico vigente.
Los imputados enfrentan cargos graves, incluyendo asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña a una escala que el Ministerio Público describe como sin precedentes. Para sustentar estas acusaciones, la Fiscalía presentó más de 1,278 medios de prueba.
La Operación Calamar se originó el 18 de marzo de 2023, cuando se ejecutaron 40 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana. En dicho operativo participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de investigación y 300 miembros de la Policía Nacional.
El equipo legal del Ministerio Público estuvo integrado por el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los procuradores fiscales Rosa Alba García, Melbin Romero, Jhensy Víctor, Miguel Crucey, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez y Rosa Ysabel Mejía. El proceso, que había quedado en estado de fallo el pasado 27 de marzo de 2026, concluyó el pasado viernes con la entrega de la sentencia en formato digital a las partes involucradas.
