¿Bastan los toques de queda y los militares en las calles para detener el crimen organizado? Según el análisis de Michelle Maffei, la respuesta es no. El Estado ecuatoriano sigue tratando este fenómeno como un problema lineal, cuando en realidad se enfrenta a un "sistema complejo adaptativo". Esto significa que las estructuras criminales tienen la capacidad de transformarse, aprender y reconfigurarse constantemente para evadir al Estado, apoyándose en figuras como los llamados “narcos invisibles”.
Los datos reflejan que la respuesta predominantemente militar tiene límites claros. En lo que va de 2026, Ecuador ha implementado ya dos toques de queda; sin embargo, la reducción de muertes violentas ha sido de apenas el 8,6 %. El promedio nacional de homicidios diarios pasó de 25,5 en 2025 a 23,3 hasta abril de este año.
Para combatir esta resiliencia, es necesaria una estrategia interministerial basada en tres pilares fundamentales: primero, la prevención temprana de la criminalidad en niños de 6 a 12 años; segundo, el combate efectivo a la corrupción; y tercero, la captación del patrimonio ilícito.
Actualmente, la mayor debilidad del Estado es la incapacidad de afectar las finanzas criminales. A pesar de que Ecuador cuenta con una Ley de Extinción de Dominio, la impunidad en el decomiso de bienes ilícitos se mantiene en un 95 %, situación que responde, en gran medida, a la protección patrocinada por jueces y fiscales.
Expertos internacionales advierten que si un gobierno no desarrolla una estrategia en sus unidades de inteligencia financiera o se opone al decomiso de patrimonios, podría existir algún grado de complicidad con el crimen organizado. La clave no reside en intentar erradicar el sistema, sino en domesticarlo afectando su estructura económica.
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