Una reciente auditoría gubernamental ha puesto de manifiesto una situación crítica en los procesos de adquisición de insumos sanitarios en Chile. El informe revela que la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST) fue el organismo que registró la mayor concentración de tratos directos durante la administración anterior, alcanzando una cifra total de 700 millones de dólares en compras realizadas sin los procesos de licitación correspondientes.
La magnitud de este monto ha generado una fuerte reacción en el sector farmacéutico, especialmente en la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, entidad que sostiene haber alertado sobre estas irregularidades durante años. Para dimensionar el impacto de estas cifras, el reporte de auditoría permite establecer una comparativa con otras instituciones públicas. En segundo lugar se encuentra el Registro Civil, con compras directas que ascendieron a 350 millones de dólares, mientras que el tercer lugar lo ocupa el Servicio de Salud Sur, con un monto de 56 millones de dólares.
La brecha existente entre el gasto de CENABAST y el de las demás instituciones es tan considerable que, según Claudia Papic, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, el número resultó sorprendente incluso para quienes ya habían levantado alertas previas sobre el modelo de compras públicas en salud. La organización destaca que la distancia numérica entre el primer lugar y el resto de los organismos habla por sí sola sobre la anomalía del proceso.
Desde la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos se enfatiza que este problema ha sido planteado reiteradamente, tanto ante la propia administración de CENABAST como ante la Comisión de Salud del Senado. La postura de la entidad gremial ha sido, según indican, de colaboración constante, enfocándose en la identificación de brechas y la propuesta de mecanismos concretos basados en datos. Papic subraya que estas gestiones no han nacido desde una lógica de defensa corporativa, sino desde la convicción de que el Estado posee a su disposición una industria nacional con capacidad instalada.
De acuerdo con la representación de la Cámara, el sector farmacéutico local no solo genera empleo especializado, sino que también impulsa la innovación y fortalece el ecosistema sanitario del país. Esta capacidad productiva es descrita como un activo que Chile tardó décadas en construir y que, por lo tanto, debería ser un pilar fundamental en la planificación estratégica del Estado. Ignorar este músculo productivo al momento de diseñar las compras públicas representaría, a juicio de la Cámara, un desperdicio de recursos y capacidades estratégicas.
El análisis de la Cámara advierte que el hecho de que el Estado haya destinado 700 millones de dólares a compras sin licitar conlleva riesgos severos. En primer lugar, se señala un riesgo evidente en términos de transparencia al no diseñar procesos competitivos. En segundo lugar, se identifica una amenaza estructural para la disponibilidad de los medicamentos en el país. La falta de consideración hacia la oferta nacional debilita la red de seguridad sanitaria.
En este sentido, la vicepresidenta ejecutiva de la Cámara recuerda la experiencia vivida durante la pandemia, periodo que evidenció los peligros de mantener una dependencia exclusiva de las cadenas de suministro globales sin contar con una alternativa local robusta. El texto advierte que ninguna inspección realizada a posteriori puede solucionar los problemas reales que surgen de este modelo, tales como los retrasos en las entregas, la escasez de fármacos y las vulnerabilidades generales en la cadena de suministro de medicamentos.
Finalmente, la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos sostiene que los resultados de esta auditoría deben ser vistos como una oportunidad para realizar cambios profundos. Si bien consideran necesario investigar lo ocurrido, instan a ir más allá de la fiscalización. El objetivo es establecer una estrategia de abastecimiento de medicamentos donde la industria local sea integrada formalmente para dar respuesta a las necesidades de las personas atendidas por la red pública de salud. La organización reafirma su voluntad de contribuir de manera propositiva junto a todos los actores del ecosistema para mejorar el sistema de salud nacional.
