El Partido Socialista Obrero Español atraviesa una de sus etapas más complicadas a nivel reputacional en la actual legislatura. Dos eventos judiciales recientes han puesto a la formación en el centro de la polémica.
En primer lugar, la Audiencia Nacional imputó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Los hechos están vinculados al rescate de más de 61 millones de dólares que el Gobierno concedió en 2021 a la aerolínea Plus Ultra para mitigar el impacto de la pandemia. Zapatero ha defendido su inocencia, asegurando que su actividad siempre se ha desarrollado con absoluto respeto a la legalidad.
A esto se suma la intervención de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la sede del PSOE. El juez Santiago Pedraz investiga si existió una trama dirigida a desestabilizar procedimientos judiciales que afectarían al entorno de la formación y a antiguos miembros del partido.
Este escenario ha intensificado la presión política. Mientras que el Partido Popular y Vox exigen un adelanto electoral, formaciones que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, como el PNV y Coalición Canaria, consideran que la credibilidad del Ejecutivo se ha diluido. Incluso voces internas del PSOE, como Felipe González y Emiliano García-Page, han abogado por celebrar elecciones generales este mismo año.
Sin embargo, el Gobierno ha decidido cerrar filas. Desde Roma, el presidente Pedro Sánchez descartó el adelanto electoral, afirmando que la estabilidad es clave para enfrentar las crisis globales y consolidar políticas públicas hasta el verano de 2027. Sánchez brindó su apoyo a Zapatero, apeló a la presunción de inocencia y aseguró que su partido no tiene nada que esconder respecto a las investigaciones.
El tiempo dirá cuál termina siendo el impacto de estas presiones en el partido gobernante. Suscríbete a Noticias lat para más noticias.
