¿Por qué algunos gobiernos priorizan las operaciones policiales espectaculares cuando pierden popularidad? Para muchos mandatarios, la seguridad pública se convierte en un escenario de performance mediática. Al ejecutar intervenciones coercitivas, el gobernante produce visibilidad inmediata y "estética", proyectando una imagen de mando y acción que intenta compensar la falta de políticas públicas efectivas.
Este mecanismo busca fabricar cohesión social mediante el miedo a una amenaza, ya sea real o inventada, otorgando al Estado una especie de "procuración en blanco" para actuar sin rendir cuentas. Un ejemplo crítico es la decisión de Estados Unidos de clasificar al Comando Vermelho (CV) y al Primer Comando de la Capital (PCC) como organizaciones terroristas.
Desde una perspectiva técnica, esta medida es una estrategia política. Existe una diferencia fundamental: mientras el terrorismo busca confrontar la soberanía estatal, las organizaciones criminales operan mediante el parasitismo y la articulación con agentes públicos para fines económicos. El terror, en el crimen organizado, es una táctica de intimidación para lograr acuerdos, no un objetivo político de derrocamiento.
Esta confusión intencional entre crimen organizado y terrorismo conlleva riesgos graves. Primero, oscurece la economía política criminal y los arreglos de gobernanza que permiten los mercados ilícitos. Segundo, amplía los poderes discrecionales de funcionarios, como el secretario Rubio, otorgándole una capacidad de negociación externa impositiva y facilitando "cazas de brujas" basadas en el prejuicio contra extranjeros y minorías.
Para el gobierno brasileño, esta maniobra representa un costo político elevado que exige capacidad estratégica para enfrentar efectos concretos y presiones externas bajo la narrativa del populismo policial.
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