El presidente de la República, Daniel Noboa, ha solicitado formalmente al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, que se proceda con el proceso de denuncia del Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, conocido como el sistema Sucre. Este instrumento internacional, al cual Ecuador se adhirió hace 17 años, es ahora el objeto de un pedido del Ejecutivo para dejarlo sin efecto.
Para dar curso a esta solicitud, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional llevará a cabo una sesión este miércoles 27 de mayo de 2026, a las 09:50. La mesa legislativa, que se encuentra bajo la presidencia de la asambleísta Lucía Jaramillo, perteneciente a la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), sesionará con el objetivo de conocer el pedido presentado por el Ejecutivo el pasado 21 de mayo.
En el documento remitido, que consta de dos páginas, el mandatario Daniel Noboa solicitó a Niels Olsen la continuación del proceso de denuncia y adjuntó los oficios correspondientes emitidos por la Corte Constitucional. Este movimiento legislativo requiere que, tras el análisis de la comisión especializada, el pleno de la Asamblea Nacional tome una decisión. Para que la denuncia del tratado sea aprobada, se necesitará el voto favorable de la mayoría absoluta de los legisladores, es decir, la mitad más uno del pleno, lo que representa un total de 77 votos.
El presidente Noboa fundamentó su postura durante su Informe a la Nación el pasado 24 de mayo. En dicho pronunciamiento, el mandatario calificó al sistema Sucre como un “símbolo de cómo se manipuló el sistema financiero y a las instituciones para beneficiar a grupos cercanos al poder, mientras millones de ecuatorianos pagaban las consecuencias”.
El origen de este instrumento se remonta al 16 de octubre de 2009, cuando fue suscrito en Cochabamba, Bolivia. Los firmantes fueron los entonces mandatarios de Bolivia, Evo Morales; de Ecuador, Rafael Correa; de Nicaragua, Daniel Ortega; y de Venezuela, Hugo Chávez, junto con José Ramón Machado, quien era el primer vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba. Este acuerdo se dio en el marco de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), organización de la cual Ecuador decidió separarse en el año 2018. Posteriormente, el entonces presidente Rafael Correa ratificó el tratado mediante el Decreto Ejecutivo n.° 395 el 17 de junio de 2010.
La controversia en torno a este sistema de pagos radica en presuntas irregularidades financieras. Se ha señalado que el sistema fue utilizado por el empresario colombiano Álex Saab, exministro del chavismo y señalado testaferro del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, para realizar operaciones de lavado de dinero. Estas actividades habrían consistido en compras simuladas de materiales de construcción de vivienda dirigidas a Ecuador y Colombia, utilizando para ello la empresa Foglocons. Cabe destacar que Álex Saab fue deportado desde Venezuela hacia Estados Unidos el 16 de mayo pasado, donde actualmente se enfrenta a procesos judiciales por lavado de activos.
Este proceso de denuncia no es el primer intento de eliminar el tratado. El Gobierno de Guillermo Lasso ya había anunciado su intención de denunciar el instrumento tras ventilarse irregularidades que no prosperaron en la justicia ecuatoriana. El 19 de enero de 2022, la Cancillería remitió al secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, las copias certificadas del tratado mediante el oficio n.° MREMH-MREMH-2022-0061-0F para iniciar el trámite.
Posteriormente, el 18 de febrero de 2022, Fabián Pozo solicitó a la Corte Constitucional que determinara si la denuncia del tratado requería aprobación legislativa previa. La Corte Constitucional respondió en dos momentos. Primero, mediante el dictamen n.° 1-22-T1/22 el 13 de abril de 2022, resolvió que, debido a que el tratado fue aprobado previamente por la Asamblea Nacional y se enmarcaba en los numerales 3 y 6 del artículo 419 de la Constitución, sí requería la aprobación previa del Legislativo. En un segundo momento, mediante el dictamen n.° 1-22-T1/22A, la Corte declaró que la denuncia del tratado es constitucional.
A pesar de contar con el respaldo constitucional, el presidente Guillermo Lasso no envió en su momento el pedido de denuncia a la Asamblea Nacional, debido a que no disponía de la mayoría necesaria para asegurar la aprobación de la iniciativa. Ahora, bajo la administración de Daniel Noboa, el proceso retoma su curso en el órgano legislativo.
