¿Es la justicia social una simple expresión de deseos o un mandato legal en Argentina? A pesar de los debates actuales, este concepto se encuentra consagrado en la Constitución Nacional como una guía y una meta para el progreso económico.
Específicamente, la denominada “cláusula del progreso”, inserta en el artículo 75 inciso 19, establece que el Congreso debe proveer el desarrollo humano y el progreso económico con justicia social. Según el académico Dr. Arturo Sampay, quien incorporó este concepto al derecho positivo argentino, la justicia social es el fiel que balancea el uso personal de la propiedad con las exigencias del bien común.
Recientemente, la ley de modernización laboral N° 27.802 eliminó el principio de justicia social del artículo 11 de la ley 20.744. Sin embargo, desde una perspectiva jurídica, el texto constitucional es jerárquicamente superior a cualquier ley, por lo que este principio rector permanece vigente.
Para entender este marco, es necesario mirar la historia. La Constitución de 1949 profundizó una visión humanista, protegiendo no solo al trabajador, sino también a la familia, los ancianos y la educación. Aunque fue derogada por la llamada “Revolución Libertadora”, gran parte de esos derechos fueron rescatados en la reforma de 1957 a través del artículo 14 bis y, posteriormente, en la reforma de 1994.
Hoy, el artículo 14 bis, junto con los incisos 19 y 22 del artículo 75, organizan un piso mínimo de derechos frente a la prepotencia patronal y consolidan la equidad educativa y la unidad nacional. En conclusión, independientemente de las opiniones de funcionarios circunstanciales, la justicia social es hoy derecho positivo y una regla fundamental de la convivencia democrática en el país.
Suscríbete a Noticias lat para más noticias.