¿Qué sucede cuando el desarrollo económico se impone sobre la supervivencia de los pueblos originarios? Una investigación reciente revela que en ocho territorios indígenas del Pacífico Centro Norte de Nicaragua, las actividades extractivas y productivas están provocando una severa degradación ambiental.
Minería, tala de árboles, extracción de arena, monocultivos y turismo no regulado avanzan sin consultas previas, amenazando la sobrevivencia de las comunidades Chorotegas, Nahoas y Sutiabas. El estudio, realizado por la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia Red Local y la Fundación Sin Límites, denuncia que los beneficios de estas actividades quedan en manos de empresas y actores vinculados al poder local y nacional, mientras los recursos naturales, especialmente el agua y los bosques, se deterioran.
Los hallazgos son alarmantes: existe una falta de reconocimiento institucional de la propiedad indígena. Las decisiones sobre el territorio se toman sin participación comunitaria y se reporta manipulación en la elección de sus autoridades. A esto se suma la preocupación por la Ley de Territorio Fronterizo, aprobada en agosto de 2025, que según líderes indígenas podría facilitar el control estatal sobre tierras históricamente reclamadas por pueblos originarios.
A pesar de contar con títulos ancestrales, las comunidades enfrentan expropiaciones, privatizaciones e invasiones de terceros. El informe advierte que el tejido comunitario está siendo destruido como estrategia para debilitar la resistencia frente al saqueo de sus recursos naturales.
Aunque persiste una fuerte voluntad de organización para recuperar su identidad cultural y defender sus derechos, el clima de represión generalizada en Nicaragua desde 2018 limita drásticamente su capacidad de protesta y organización. La invisibilización cultural y la pérdida de saberes ancestrales completan un panorama de vulnerabilidad para estos pueblos.
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