La diputada Claudia Dobles Camargo, integrante del partido Coalición Agenda Ciudadana (CAC), ha confirmado oficialmente que votará en contra del proyecto de Ley de Armonización del Mercado Eléctrico. El anuncio fue realizado por la legisladora a través de sus redes sociales este domingo por la noche, poniendo fin a un periodo de incertidumbre sobre su postura frente a una de las reformas más significativas para el sector energético del país.
La decisión de Dobles se fundamenta en el impacto económico y social que, según su análisis, tendría la implementación de esta normativa. La diputada señaló explícitamente que la propuesta no garantiza el modelo solidario y universal que Costa Rica mantiene actualmente. Asimismo, advirtió que la aprobación de este proyecto conllevaría un incremento en el precio de la electricidad, afectando directamente el bolsillo de las familias y la operatividad de los pequeños negocios.
Esta definición ocurre tras varios días de dudas que comenzaron el pasado miércoles. La incertidumbre se originó luego de que la diputada sostuviera una reunión en la Casa Presidencial con la presidenta de la República, Laura Fernández. En aquel momento, Dobles había manifestado la necesidad de estudiar a fondo el expediente antes de fijar una posición definitiva, describiendo la iniciativa como un proyecto complejo que presentaba aspectos interesantes, pero también amplias oportunidades de mejora.
Durante aquel primer acercamiento, Dobles insistió en que el país enfrenta retos considerables para asegurar el suministro de energía a costos accesibles, razón por la cual aseguró que su apoyo no estaba garantizado y que era imperativo revisar el texto legal antes de emitir un voto.
El clima de tensión política aumentó durante la tarde del domingo, cuando el exdiputado y excandidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, publicó un comunicado en sus redes sociales. En dicho mensaje, Robles exhortó tanto a Claudia Dobles como a Alvaro Ramírez, jefe de fracción de Liberación Nacional, a analizar la iniciativa con conciencia y a meditar cuidadosamente el sentido de su voto.
El anuncio de la postura de Dobles llega en un momento crítico, ya que el Congreso tiene previsto debatir este plan el próximo lunes. El proyecto cuenta con el respaldo de la fracción oficialista, que dispone de 31 diputados. Sin embargo, debido a que la reforma plantea cambios estructurales profundos en el sistema eléctrico costarricense, se requiere una mayoría calificada de dos tercios del total de legisladores, es decir, 38 votos, para que la iniciativa pueda avanzar.
Desde la perspectiva del gobierno, el jefe de fracción del partido Pueblo Soberano, Nogui Acosta Jaén, ha salido en defensa de la propuesta. Acosta Jaén afirmó que Costa Rica no puede permitirse seguir atrasando decisiones fundamentales relacionadas con el crecimiento energético y la urgencia de garantizar el abastecimiento futuro del país.
El proyecto en cuestión, identificado como el expediente 23.414, propone una transformación radical del modelo eléctrico actual. En el sistema vigente, aunque existen generadores privados que producen energía, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) actúa como el comprador principal y se encarga de distribuir dicha electricidad a los usuarios y a otras empresas distribuidoras.
La reforma busca instaurar un mercado eléctrico mayorista más abierto. Bajo este nuevo esquema, la posibilidad de adquirir energía no quedaría limitada a las distribuidoras; grandes consumidores, tales como industrias, zonas francas y grandes cadenas comerciales, podrían negociar contratos de compra de energía directamente con plantas privadas de generación, eliminando la necesidad de pasar necesariamente por la intermediación del ICE.
Además, el proyecto contempla el traslado de funciones estratégicas que hoy centraliza el Instituto. Actualmente, el ICE es el ente encargado de proyectar la demanda energética futura del país, organizar la distribución de la generación y supervisar el funcionamiento general de la red eléctrica. El plan propone que estas tareas sean asumidas por una nueva entidad técnica denominada Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen), la cual se encargaría de coordinar el sistema y ordenar la participación de los diversos actores del mercado.
