Veintiséis personas fueron asesinadas a sangre fría en una finca de palma africana en Honduras. La tragedia ocurrió en la aldea Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, una zona marcada por el narcotráfico y conflictos agrarios.
De acuerdo con el comisionado de la Policía Nacional Civil, Jasser Ramos, el número de víctimas se elevó a 26 tras el hallazgo del último cuerpo en la plantación. El ataque fue perpetrado por múltiples hombres armados que vestían uniformes policiales y sorprendieron a las víctimas mientras se preparaban para iniciar su jornada laboral.
El presidente de Honduras, Nasry Tito Asfura, aseguró que esta matanza no quedará impune. Como respuesta, su Gobierno ha desplegado un operativo de control e investigación en el departamento de Colón. Esta región ha sido escenario de una disputa agraria histórica que, en las últimas dos décadas, ha dejado un saldo de más de 200 muertos.
Más allá de las cifras, el impacto humano es devastador. En Rigores, el silencio es ahora el del desconsuelo. Entre las víctimas se encontraban hombres de 44 años y jóvenes que representaban el futuro de sus hogares. Esta violencia criminal ha dejado una estela de orfandad que asfixia a la comunidad, dejando a numerosos niños al cuidado de abuelos que ya no cuentan con la fuerza física para asumir su crianza.
Las familias afectadas se encuentran en un estado de desamparo absoluto, transformando la exigencia de justicia legal en una urgencia profundamente humanitaria. El llamado de los ancianos de la comunidad busca ahora sacudir la conciencia de las autoridades para obtener ayuda inmediata en medio de este luto imprevisto.
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