El Tribunal Supremo ha decidido no frenar la regularización extraordinaria de inmigrantes que impulsa el Gobierno, rechazando así las medidas cautelares solicitadas por la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros recurrentes.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo tomó esta decisión tras celebrar cinco vistas donde escuchó los argumentos de los solicitantes, que incluyen también a Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia. Cabe destacar que el Alto Tribunal ya había rechazado una petición similar el pasado 16 de abril al no ver acreditada una urgencia especial.
En el marco de este proceso, la Abogacía del Estado reveló cifras concretas: se han recibido 549.596 solicitudes, de las cuales 91.505 han sido admitidas a trámite. El Gobierno aclaró que esta admisión no es automática, sino que ocurre tras un control de los documentos aportados para asegurar que se cumplen los requisitos esenciales antes de conceder la autorización provisional de residencia y trabajo.
El real decreto entró en vigor el 16 de abril con el objetivo de otorgar permisos a unas 500.000 personas que ya residen en el país. El plazo para adherirse finaliza el próximo 30 de junio.
Los argumentos para paralizar la medida fueron diversos. La Comunidad de Madrid alegó que la norma afecta gravemente a los servicios públicos sin contar con financiación adicional. Vox advirtió sobre un posible colapso de los servicios, mayores dificultades en el acceso a la vivienda e inseguridad. Por su parte, Hazte Oír argumentó que el proceso constituye un fraude de ley.
El Gobierno ha valorado positivamente el fallo, señalando que esta decisión judicial despeja el presente y futuro de decenas de miles de personas que ya pueden residir y trabajar legalmente en España.
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