¿Puede una imputación judicial desencadenar una crisis diplomática global? Un tribunal de Estados Unidos ha acusado al expresidente de Cuba, Raúl Castro, de 94 años, de conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses. Los cargos se relacionan con el derribo de dos avionetas en 1996, operadas por el grupo disidente Hermanos al Rescate, incidente que dejó cuatro personas fallecidas. En aquel momento, Raúl Castro se desempeñaba como comandante de las fuerzas armadas del país.
Ante este escenario, China y Rusia han hecho un llamado a Washington para que frene su campaña de presión contra la isla caribeña. El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, declaró que Estados Unidos debe dejar de amenazar con fuerza y reafirmó el apoyo firme de Pekín a la soberanía y dignidad de Cuba, oponiéndose al uso del aparato judicial como herramienta de coerción.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que la campaña estadounidense no puede ser tolerada. Peskov enfatizó que, bajo ninguna circunstancia, deben emplearse métodos que rozan la violencia contra jefes de Estado, ya sean actuales o antiguos.
Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz Canel describió las imputaciones como una acción política sin basamento jurídico. Esta situación ocurre mientras el gobierno de Donald Trump intensifica la presión mediante nuevas sanciones y un bloqueo de petróleo que ha generado escasez alimenticia y apagones. Trump también ha sancionado a funcionarios de los sectores de energía, defensa, finanzas y seguridad, manifestando abiertamente que Cuba está lista para caer.
Mientras tanto, China continúa estrechando sus vínculos con la isla, integrándola en la Iniciativa Franja y Ruta para financiar proyectos de infraestructura estratégica.
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