El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha puesto en marcha las gestiones necesarias para la elaboración de las pruebas escritas y orales que deberán rendir los aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado. Este avance se produce de manera paralela a la fase de calificación de méritos, en un esfuerzo por agilizar el cronograma del concurso público destinado a elegir a la primera autoridad de dicha institución.
En una sesión llevada a cabo el pasado 20 de mayo de 2026, el pleno de consejeros tomó conocimiento de un documento emitido por el Consejo de Educación Superior (CES). En dicho reporte se detalla que, el 15 de mayo, se solicitó formalmente a las universidades de todo el país la remisión de los nombres y la documentación de catedráticos expertos en materia penal, quienes serán los responsables de diseñar los bancos de preguntas para los evaluados.
Para garantizar la transparencia y el rigor técnico, el CPCCS ha establecido un plazo de diez días para que los centros de educación superior envíen la información requerida. Los docentes propuestos deben acreditar el cumplimiento estricto de una serie de requisitos, los cuales coinciden con las exigencias impuestas a quienes aspiran a ser fiscales. Entre estas condiciones se encuentran ser ecuatorianos, estar en goce de sus derechos políticos y poseer un título de tercer nivel en derecho. Asimismo, es indispensable haber ejercido la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal con probidad e idoneidad notoria durante un periodo mínimo de diez años.
Además de las cualificaciones académicas y profesionales, los docentes no deben estar incursos en ninguna de las 21 prohibiciones establecidas en la normativa. Específicamente, se ha indicado que no pueden haber sido procesados por ninguno de los 35 tipos de delitos penales contemplados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El organismo requiere la participación de 30 maestros universitarios especializados en diversas áreas críticas: derecho penal y procesal penal, técnicas de litigación oral, manejo de audiencias, gestión pública, derecho constitucional, derechos humanos y pedagogía. Una vez que se revise el cumplimiento de los requisitos y se realice un sorteo público para su selección, estos expertos tendrán la tarea de elaborar un cuestionario compuesto por 3.000 preguntas, además de diseñar los casos prácticos que servirán para evaluar el desempeño y la capacidad de resolución de los aspirantes.
Mientras se preparan los exámenes, la comisión ciudadana encargada de ejecutar el concurso se encuentra resolviendo la etapa de recalificación de méritos. De los 28 participantes que integran el proceso, 22 han presentado solicitudes para que se revisen sus puntajes. Estos postulantes manifiestan haberse sentido afectados en la valoración de sus carpetas, alegando que no se puntuaron adecuadamente sus trabajos en el sector público, sus títulos universitarios, la publicación de artículos indexados o diversos reconocimientos profesionales.
Según la información oficial, la Secretaría General del CPCCS entregó el 19 de mayo las 22 solicitudes de recalificación, las cuales provienen de aspirantes de las provincias de El Oro, Los Ríos, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Pichincha y Bolívar. Los comisionados iniciaron el análisis de estos pedidos el miércoles, logrando revisar seis solicitudes hasta el cierre de la tarde. El proceso de análisis continuará en una sesión de trabajo programada para este jueves.
En cuanto a la estructura de calificación, el reglamento estipula que la fase de méritos representa 50 de los 100 puntos totales. Los otros 50 puntos se obtendrán a través de la evaluación de conocimientos, dividida en 30 puntos para la prueba escrita y 20 puntos para la resolución de un caso práctico.
La comisión ciudadana dispone de un término de cinco días hábiles para presentar el informe final de calificación de méritos. Una vez cerrado este ciclo y entregado el informe, el proceso avanzará hacia la etapa de impugnación o escrutinio público. En esta fase final, se analizarán aspectos críticos de los postulantes, tales como la existencia de deudas con el Estado, su idoneidad y su probidad, antes de proceder con la elección definitiva del nuevo Fiscal General del Estado.
