Un expresidente del Gobierno de España en el punto de mira de la justicia. El juez José Luis Calama ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero por presunta organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. El núcleo de la trama se centra en el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.
Según el auto judicial, directivos de la compañía confiaban en que Zapatero ejerciera un "toque técnico desde arriba" para garantizar el préstamo. El juez señala indicios de que el expresidente habría facilitado el acceso a información privilegiada y coordinado la operativa. Entre los puntos más polémicos destaca la presunta creación de una sociedad en Dubái para canalizar una comisión del 1% del rescate, aunque el análisis del escrito advierte que esta tesis se apoya principalmente en la secuencia temporal de reuniones.
La investigación también pone el foco en los flujos financieros. Se detallan abultados pagos recibidos por la empresa de marketing de las hijas de Zapatero, provenientes tanto de Julio Martínez Martínez como de empresarios venezolanos. La Oficina Antifraude ha calificado a una de estas sociedades venezolanas como "carente de actividad real".
Sin embargo, el análisis del auto revela vacíos argumentales. El magistrado califica a Zapatero como el "núcleo decisor" y "líder estratégico" de la red, pero el escrito no aporta pruebas directas de que su influencia determinara la decisión de la SEPI de otorgar el rescate. Mientras el entorno del expresidente sostiene que los pagos corresponden a trabajos de consultoría reales y acreditables, la Audiencia Nacional ha procedido al bloqueo de sus cuentas bancarias.
Un caso complejo donde la justicia busca determinar si hubo una red concertada para delinquir o gestiones de asesoría legítimas. Suscríbete a Noticias lat para más noticias.