La organización no gubernamental venezolana Cecodap informó este lunes sobre la liberación de Samantha Hernández, una adolescente de 16 años que permaneció detenida durante seis meses. La joven recibió una boleta de excarcelación bajo medidas cautelares, logrando regresar a su hogar la noche del 18 de mayo, luego de haber estado recluida en una entidad de atención.
La detención de Samantha Hernández se produjo el pasado 19 de noviembre, cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) la arrestaron en su propia vivienda, justo en el momento en que regresaba de sus actividades escolares. Según la información suministrada por Cecodap, la detención fue calificada como arbitraria. El contexto familiar de la joven es un punto central del caso, ya que Samantha es hermana de un militar disidente. La organización destacó que su núcleo familiar ha sido objeto de persecución, señalando que su tío, su hermana mayor y un primo aún se encuentran privados de libertad.
El camino hacia la libertad de la adolescente no estuvo exento de complicaciones legales. En abril pasado, un tribunal con competencia en materia de terrorismo negó la solicitud de amnistía para la joven de 16 años. Ante esta decisión, Cecodap emitió una denuncia pública solicitando la revisión inmediata del caso, argumentando que la permanencia de la joven en detención ponía en riesgo su vida, su dignidad y su desarrollo integral frente al poder punitivo del Estado.
Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, analizó en su momento los argumentos del tribunal, el cual sostenía que la amnistía no era aplicable debido a que se trataba de delitos de terrorismo. No obstante, Trapani refutó esta postura indicando que la ley no excluye delitos basándose en su denominación, sino en su naturaleza. Asimismo, enfatizó que el estándar jurídico debe variar al tratarse de una adolescente, ya que el sistema de justicia penal para menores no tiene como objetivo el castigo, sino la protección, la educación y la promoción de la reintegración social. Para Trapani, cada decisión judicial en estos casos debe evaluar el impacto en la salud mental, el entorno familiar y el proyecto de vida del menor.
Respecto al marco legal, se mencionó que la Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, iniciando en 1999 con la llegada del chavismo al poder. No obstante, la ley establece que la amnistía se concederá a personas vinculadas con 13 hechos específicos ocurridos en 13 años distintos. Esto implica que quedan excluidos el resto del período establecido y casos relacionados con delitos como corrupción, homicidio, violaciones de derechos humanos y operaciones militares.
En paralelo a este caso, Eduardo Torres, abogado y miembro de la ONG Provea, reportó la excarcelación de Merys Torres de Sequea. Ella es la madre del capitán Antonio Sequea, quien fue condenado a 24 años de prisión por su participación en la denominada “Operación Gedeón”, un intento de ataque marítimo contra el gobierno de Nicolás Maduro ocurrido en mayo de 2020. A través de la red social X, Torres celebró la noticia afirmando que el pueblo venezolano avanza en su resistencia.
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia también se pronunció sobre la liberación de Merys Torres de Sequea, describiendo la persecución que sufrió como “cruel e inhumana”, subrayando que fue castigada únicamente por el vínculo familiar con el capitán Antonio Sequea.
Los detalles de su detención fueron denunciados previamente por el partido Voluntad Popular y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos el pasado 21 de septiembre. Según los reportes, Merys Torres de Sequea y su sobrina, Zoris Gutiérrez Torres, fueron interceptadas por hombres encapuchados que se identificaron como funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) mientras se dirigían a comprar medicamentos para el capitán Sequea en la cárcel Rodeo I.
De acuerdo con la ONG Foro Penal, ambas mujeres permanecieron dos meses en situación de desaparición forzada. Posteriormente, se pudo confirmar que Merys Torres de Sequea estaba recluida en una sede de la PNB en Caracas antes de ser trasladada al INOF.
Finalmente, el contexto de la condena de Antonio Sequea se remonta a agosto de 2020, cuando la Justicia venezolana sentenció a 24 años de cárcel a 15 personas implicadas en dos ataques marítimos fallidos. Tarek William Saab, entonces fiscal general, acusó a Sequea y a los demás detenidos de terrorismo, rebelión y conspiración, mencionando además que algunos de los implicados se acogieron a la figura de la delación para obtener una reducción de sus penas.
