¿Dinero público para aliados políticos? El presidente Donald Trump ha anunciado la creación de un fondo de 1.776 millones de dólares destinado a compensar a quienes afirman haber sido objeto de un trato injusto por parte de la administración Biden.
El plan, presentado por el Departamento de Justicia bajo la dirección del secretario interino Todd Blanche —quien fue abogado personal del mandatario—, busca reembolsar honorarios legales y otros costes a personas que Trump describe como "tratadas horriblemente". Para gestionar las reclamaciones, se establecerá una comisión de cinco miembros, aunque el presidente conservará la potestad de destituir a cualquiera de ellos.
La medida ha generado una fuerte reacción. Sus críticos denuncian que este fondo discrecional podría beneficiar incluso a personas condenadas por el ataque al Capitolio del 6 de enero. El senador demócrata Ron Wyden ha calificado la acción como un "robo descarado" de dinero de los contribuyentes, mientras que otros advierten que el presidente está ignorando el principio constitucional de que solo el Congreso tiene la facultad de asignar fondos federales.
El origen de este dinero es igualmente controvertido: proviene de un acuerdo extrajudicial tras una demanda de 10.000 millones de dólares que Trump interpuso contra el Gobierno, alegando que el Servicio de Impuestos Internos no protegió sus declaraciones fiscales.
Mientras los demócratas han presentado una demanda para bloquear el acuerdo, el movimiento es interpretado por sus seguidores como el cumplimiento de una promesa de campaña en la que Trump afirmó: "Yo soy su venganza". El plan se encamina ahora hacia una batalla legal inmediata que podría llegar hasta la Corte Suprema.
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