El Gobierno quería un proyecto emblemático listo antes del 1 de junio, pero el Congreso volvió a marcarle el ritmo. El Senado aprobó en general la iniciativa “Escuelas Protegidas” con 24 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones. Sin embargo, la discusión en particular se postergó para este martes, lo que empuja el tercer trámite en la Cámara de Diputados para después de la Cuenta Pública.
El plan de La Moneda de despachar la ley antes del discurso presidencial quedó archivado por ahora, dejando al Ejecutivo sin margen de tiempo esta semana y corriendo contra el reloj.
¿En qué consiste el proyecto? La iniciativa busca endurecer las reglas de seguridad y convivencia escolar a través de seis artículos clave. Uno de los puntos más sensibles es el nuevo requisito para acceder a la gratuidad universitaria: no haber sido condenado por delitos graves contra las personas, la propiedad o la infraestructura pública.
Asimismo, se propone implementar protocolos para revisar mochilas y bolsos, siempre que existan motivos fundados y casos verificables. El proyecto prohíbe estrictamente los controles masivos, las revisiones corporales y cualquier desnudez. En caso de que un alumno se niegue a la revisión, serán los apoderados quienes deban realizarla. Además, se permitirá restringir accesorios que impidan la identificación facial, exceptuando razones de salud, religiosas o culturales.
En el plano político, la votación reflejó la falta de consenso. En contra se alinearon la senadora Fabiola Campillai, junto a legisladores del Partido Comunista y el Frente Amplio.
Para intentar acelerar los tiempos, el Presidente evalúa utilizar el artículo 32 de la Constitución para convocar a sesiones especiales del Congreso, una herramienta ya aplicada en enero de 2025. Por ahora, el hecho político es claro: las urgencias del Ejecutivo no siempre son las que mandan en el calendario legislativo.
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