Una desgarradora escena conmocionó a la ciudad de Lambaré el pasado domingo, cuando fueron hallados sin vida una joven madre de 26 años y su hijo de tan solo 7 años. Los cuerpos fueron encontrados en el interior de un inquilinato, en un escenario que apunta a un caso de filicidio seguido de suicidio, debido a las condiciones en las que fueron localizadas las víctimas.
El macabro descubrimiento se produjo alrededor de las 08:30 horas. El dueño de la propiedad fue quien ingresó al lugar tras recibir una llamada telefónica de la ex pareja de la mujer. Según el relato, el hombre solicitó al propietario que verificara el estado de la joven, ya que no había respondido a sus reiterados intentos de comunicación telefónica, lo que despertó las sospechas sobre su bienestar.
Al ingresar a la vivienda, los intervinientes se encontraron con una escena devastadora: Mónica Idalia González Piazzoli, de 26 años, se encontraba colgada del cuello de una viga de la estructura. A pocos metros, el niño de 7 años fue hallado recostado sobre la cama, presentando rastros compatibles con haber sido asfixiado, lo que refuerza la hipótesis de que la madre terminó con la vida de su hijo antes de quitarse la propia.
Durante el procedimiento en el lugar, las autoridades encontraron una carta escrita a mano por Mónica Idalia González Piazzoli. En este documento, la mujer dejó plasmado el motivo de su decisión, lanzando graves acusaciones contra su ex pareja. En el texto, la madre afirma que el hombre abusó sexualmente de su hijo cuando el menor tenía entre 3 y 4 años. Asimismo, la joven expresó una profunda indignación y enfado hacia el sistema de justicia, alegando que, a pesar de haber denunciado los hechos, las autoridades no actuaron.
“Mi caso nunca se investigó, nunca se hizo nada. Hoy mi corazón ya no soporta tanto dolor, tanto sufrimiento”, escribió la mujer en una de las estrofas de la misiva. En el mismo escrito, Mónica enfatizó que decidió terminar con su vida debido a la imposibilidad de convivir con la injusticia y el dolor que sentía como madre, asegurando que nadie podía comprender su sufrimiento.
Además de las denuncias de abuso, la carta reveló que la mujer atravesaba una situación económica crítica, mencionando que ya no podía seguir viviendo en las condiciones actuales, destacando la existencia de diversas deudas, incluyendo el pago del alquiler del inquilinato. En un cierre lapidario sobre la situación legal del país, la joven escribió: “Espero después de mi muerte, reciba justicia, pero los muertos no tienen justicia en Paraguay”. Finalmente, extendió sus acusaciones a la familia de su expareja, señalándolos como cómplices de los delitos denunciados.
Ante la gravedad de los hechos y las acusaciones vertidas en la carta, la Fiscalía salió a dar su versión sobre el manejo del caso. El Ministerio Público informó que la mujer efectivamente había denunciado al padre biológico del niño meses atrás, acción que dio inicio a una investigación formal. En diciembre pasado, la fiscal de turno, Laura Romero, dispuso que el menor fuera trasladado a una clínica forense para ser inspeccionado. Sin embargo, según el reporte oficial, el examen médico descartó cualquier tipo de violencia o signos de abuso sexual en el niño.
Paralelamente, la Fiscalía llevó a cabo un seguimiento con profesionales psicólogos, quienes, durante el proceso, comenzaron a observar conductas llamativas y preocupantes en la madre. El historial de inestabilidad se hizo evidente el 10 de diciembre, cuando una vecina alertó a la policía sobre un intento de suicidio de la mujer. En aquella ocasión, Mónica Idalia habría intentado lanzarse frente a un automóvil en marcha mientras llevaba a su hijo en brazos. Tras fallar en ese intento, se subió al techo de una vivienda amenazando con lanzarse al vacío. En ese momento, intervino la Codeni, logrando rescatar al menor para entregarlo al cuidado de una tía.
El Ministerio Público explicó que no se llegó a presentar una imputación contra el padre debido a que la ley no permite procesar a una persona basándose únicamente en sospechas. De acuerdo con la Fiscalía, el examen médico fue negativo, el relato del niño fue considerado dudoso, la tía del menor negó cualquier maltrato y el propio chico faltó a las citas programadas con la psicóloga. Por estas razones, la Justicia sostuvo que nunca contó con los elementos probatorios necesarios para imputar al padre ni a cualquier otra persona involucrada.
