La Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado las apelaciones de varias de las mayores farmacéuticas del país que buscaban anular el programa de negociación de precios de medicamentos con Medicare. Con esta decisión, se mantienen vigentes las sentencias de tribunales inferiores que respaldan la iniciativa promulgada por el Congreso en 2022.
Este programa, parte de la Ley de Reducción de la Inflación, permite que Medicare negocie los precios de ciertos fármacos populares por primera vez. El objetivo es reducir la presión financiera sobre el Gobierno federal y los beneficiarios, considerando que solo en 2021 el Estado gastó más de 250 mil millones de dólares en medicamentos cubiertos por Medicare.
Empresas como AstraZeneca y Janssen argumentaron que el proceso es una “negociación simulada” que viola el debido proceso y la Primera Enmienda. Incluso alegaron que obligarlos a aceptar estos precios constituye una expropiación inconstitucional bajo la Quinta Enmienda. Sin embargo, la justicia ha dictaminado que la participación en Medicare es voluntaria; las empresas pueden retirarse del programa si no están conformes con los precios, aunque esto implicaría abandonar un mercado masivo o pagar impuestos especiales.
Los impactos económicos ya son tangibles. La primera ronda de negociaciones, que incluyó 10 fármacos, generó un ahorro de 6 mil millones de dólares para el Gobierno y redujo en 1.500 millones los gastos de bolsillo de las personas mayores. Un caso destacado es el medicamento Farxiga, de AstraZeneca, que logró un descuento del 68% sobre su precio de lista.
Para enero, entrará en vigor una segunda ronda con 15 medicamentos, proyectando un ahorro federal de 12 mil millones de dólares y una reducción de 685 millones en los gastos de los afiliados. Actualmente, las negociaciones para una tercera ronda ya están en marcha.
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