¿Un accidente o un crimen? Centenares de ciudadanos marcharon en Santo Domingo para exigir castigos ejemplares contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set. La movilización, organizada por el Movimiento Justicia Jet Set, surge tras el colapso del techo ocurrido el 8 de abril de 2025, durante un espectáculo del merenguero Rubby Pérez, tragedia que dejó un saldo de 236 personas fallecidas.
Los familiares y sobrevivientes demandan que la calificación jurídica del caso cambie de homicidio involuntario, que puede implicar hasta dos años de prisión, a homicidio voluntario, sancionado con hasta 30 años de cárcel. Según los manifestantes, los hermanos Espaillat tenían conocimiento previo del deterioro de la infraestructura. Milagros Martínez, madre de una víctima, señaló que el propietario sabía que el local tenía filtraciones y nunca tomó medidas para repararlo.
Por su parte, la Fiscalía de la República Dominicana argumentó que los dueños realizaron obras de remodelación sin notificar a ninguna institución, por lo que no existen registros de inspecciones. La acusación sostiene que esta conducta constituye una negligencia, afirmando que los propietarios desoyeron advertencias internas sobre el estado del techo para priorizar el ahorro de recursos sobre la seguridad.
La tensión crece mientras el sistema judicial se prepara para el fallo previsto para el próximo 15 de junio. En esa fecha, el juzgado determinará si los acusados enfrentarán el proceso penal bajo una figura jurídica más grave. Mientras tanto, las consignas en las calles son claras: quien conoce el peligro y no actúa, debe responder por las muertes.
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