El sistema judicial ecuatoriano se prepara para retomar uno de los casos de femicidio más mediáticos de los últimos años. El próximo miércoles, 20 de mayo, el proceso relacionado con la muerte de la abogada María Belén Bernal volverá a ser analizado por la Función Judicial, trasladando la controversia al máximo tribunal del país. La Corte Nacional de Justicia (CNJ) ha convocado a la realización de una audiencia de casación, la cual está programada para iniciar a las 14:00 horas.
Para comprender la relevancia de este nuevo paso procesal, es necesario remitirse a los hechos que marcaron el inicio de esta tragedia. María Belén Bernal, una destacada abogada quiteña, desapareció el 11 de septiembre de 2022. El lugar de su desaparición fue el interior de la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo, una institución ubicada en el sector norte de la ciudad de Quito. La incertidumbre sobre su paradero se prolongó durante diez días, periodo en el cual se intensificaron las búsquedas y las investigaciones policiales.
El desenlace de la búsqueda ocurrió diez días después de la desaparición, cuando el cuerpo sin vida de la abogada fue hallado en el cerro Casitagua. Este sitio se encuentra geográficamente cerca de la escuela de preparación policial donde Bernal había sido vista por última vez. El hallazgo del cuerpo permitió que las autoridades avanzaran en la construcción de la teoría del caso y en la identificación de los presuntos responsables del crimen.
Tras un exhaustivo proceso de investigación y juicio, la justicia determinó la responsabilidad de Germán Cáceres, esposo de la víctima. Cáceres fue sentenciado a una pena de 34 años y 8 meses de cárcel, tras ser identificado como el autor del femicidio cometido contra María Belén Bernal. Esta sentencia representó la resolución principal del proceso, aunque el camino hacia el cierre definitivo continuaría a través de diversas instancias judiciales.
Paralelamente al proceso contra Cáceres, la investigación se centró en el papel de otros individuos que se encontraban en el lugar de los hechos. Entre ellos se encontraba el teniente de la Policía Alfonso C., quien estaba presente en el edificio donde se cometió el delito. A pesar de su ubicación y cargo, el teniente Alfonso C. fue declarado inocente en las etapas previas del proceso, una decisión que fue apelada por las partes interesadas.
El proceso legal continuó escalando hasta llegar a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. En mayo de 2025, una sala penal de dicho tribunal ratificó la sentencia impuesta a Germán Cáceres, confirmando la pena de 34 años y 8 meses de prisión por su autoría en el femicidio. De igual manera, el tribunal provincial confirmó el estado de inocencia del teniente Alfonso C., manteniendo la decisión de no sancionarlo penalmente por los hechos ocurridos.
Ahora, un año después de aquella ratificación en la Corte Provincial, el caso retorna al escenario judicial, pero en esta ocasión llega a la instancia máxima: la Corte Nacional de Justicia. Este nuevo análisis a través de una audiencia de casación busca revisar la legalidad y la aplicación de la ley en las sentencias previas.
Uno de los puntos más críticos de esta nueva etapa es la demanda de justicia impulsada por Elizabeth Otavalo, madre de la víctima. La señora Otavalo ha manifestado públicamente su petición para que el teniente Alfonso C. sea sancionado, aunque sea bajo la figura de omisión. Según el relato de la madre, el oficial de policía no fue un observador pasivo, sino que escuchó los gritos de auxilio que emitía su hija mientras era agredida.
Para sustentar esta acusación de omisión, Elizabeth Otavalo argumenta la existencia de un parte policial. En dicho documento, el teniente Alfonso C. habría manifestado inicialmente que oyó ruidos y discusiones relacionadas con asuntos de familia. Bajo ese pretexto, el oficial habría justificado su decisión de no intervenir en la situación, asumiendo que se trataba de un conflicto doméstico privado.
Sin embargo, la madre de María Belén Bernal señala que el testimonio del oficial no se mantuvo coherente. Según Otavalo, posteriormente el teniente cambió su versión de los hechos, lo que genera dudas sobre su actuación y la veracidad de sus declaraciones iniciales. A pesar de estas controversias y de los señalamientos sobre su negligencia, se ha informado que Alfonso C. continúa ejerciendo sus funciones como servidor policial.
Por otro lado, el sentenciado Germán Cáceres también es parte activa en este recurso judicial. Se ha indicado que Cáceres está solicitando un análisis detallado de su sentencia a través de la casación. El objetivo de su defensa sería revisar los fundamentos jurídicos de la pena impuesta para buscar una revisión de la condena de 34 años y 8 meses.
La audiencia programada para el miércoles 20 de mayo será el espacio donde se escucharán los argumentos técnicos y legales de los abogados de todas las partes involucradas. El tribunal deberá analizar las pruebas presentadas, las versiones contradictorias y los fundamentos de la sentencia ratificada en 2025 para emitir un pronunciamiento final sobre la responsabilidad de Cáceres y la presunta omisión del servidor policial.
