La seguridad de las costas españolas se enfrenta a un desafío creciente y sofisticado debido a la evolución de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes. Lo que comenzó como incursiones aisladas se ha transformado en una red logística compleja que utiliza embarcaciones de alta velocidad y tecnología de vanguardia para burlar los controles policiales, convirtiendo al arco mediterráneo y a las Islas Baleares en puntos estratégicos para el suministro de drogas hacia Europa.
La transformación de las Islas Baleares en un nodo logístico comenzó a hacerse evidente en marzo de 2020, cuando una narcolancha de 7,5 metros de eslora apareció a la deriva y hecha pedazos en la Playa de Palma. Aquella embarcación, dotada de la última tecnología, fue una señal temprana para los investigadores de que la tendencia estaba cambiando: Mallorca dejaba de ser un lugar ocasional para convertirse en un punto de suministro clave de hachís con destino a la costa francesa.
La profesionalización de estas redes quedó al descubierto en 2022, durante la desarticulación de dos organizaciones de tráfico a gran escala. Estas estructuras criminales contaban incluso con un mecánico especializado cuya única función era preparar y optimizar las narcolanchas para maximizar su velocidad y eficiencia. En ese mismo periodo, se logró abortar un alijo de hachís en Ibiza, isla que se ha consolidado como uno de los almacenes de droga preferidos por los narcotraficantes debido a sus características geográficas.
La operatividad de estas bandas ha seguido escalando. En abril de 2023, la Guardia Civil interceptó en Cala d'Or a tres hombres a bordo de una de estas embarcaciones. La operación culminó en una impresionante persecución que terminó con la detención del piloto justo cuando se disponían a descargar la mercancía. Poco después, a finales de ese mismo año, un operativo conjunto entre la Benemérita y Vigilancia Aduanera permitió incautar 8,3 toneladas de hachís que eran transportadas en tres furgonetas desde una playa balear para su posterior distribución.
El éxito de estas operaciones depende en gran medida de las llamadas zonas de alijo. Se trata de puntos costeros de difícil acceso, donde los traficantes aprovechan los recovecos naturales y los huecos en los acantilados para esconder la droga antes de su traslado terrestre. Esta estrategia ha hecho que la costa balear sea una joya codiciada por el crimen organizado. A los alijos de hachís se han sumado recientemente depósitos de cocaína en Mallorca y operativos en Ibiza, como el ocurrido en julio de 2025, donde se interceptó a un camionero con 675 kilos de cocaína que habían sido recogidos en las Pitiüsas con destino a Valencia.
Este escenario es analizado en el último informe del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de España. El documento advierte que, aunque la vía marítima sigue siendo la principal entrada de droga al país, destaca el uso creciente de las Embarcaciones de Alta Velocidad (EAV), también conocidas como Go-Fast. Se ha detectado la adopción de un método muy común en América Latina, consistente en cargar la droga en buques portacontenedores en alta mar para que sea recogida por lanchas rápidas, evitando así el paso por los puertos.
El informe subraya que los narcotraficantes ahora disponen de mejores recursos y un armamento más potente, sin dudar en emplear la violencia contra los agentes. La gravedad de esta situación se refleja en la pérdida de cuatro guardias civiles, fallecidos durante persecuciones a estas embarcaciones.
Desde el punto de vista legal, la presión policial y la aplicación del Real Decreto-Ley 16/2018, que clasifica las embarcaciones de alta velocidad como género prohibido, han obligado a las mafias a modificar sus rutas. El arco de introducción de mercancía se ha expandido hacia el oeste, afectando a Huelva y Portugal, y hacia el este, abarcando desde Murcia hasta Gerona, las Islas Baleares, e incluso alcanzando el sur de Francia e Italia.
En paralelo a estos hechos, ha surgido un intenso debate sobre los medios disponibles para las fuerzas de seguridad. Existen críticas sobre la falta de recursos y la supuesta retirada de radares satelitales en zonas como Andalucía, lo que dificultaría la localización de las lanchas antes de que toquen tierra. Asimismo, se ha cuestionado el protocolo de actuación en España; según algunas fuentes, los principios de proporcionalidad y congruencia en el uso de la fuerza, junto con la falta de un protocolo específico del Ministerio del Interior, impiden que los agentes disparen a los motores de las narcolanchas para dejarlas inoperativas, una práctica que sí es común en otros países para facilitar las detenciones.
