La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) ha impulsado una acción judicial de gravedad al presentar una denuncia penal contra el presidente de la Nación, Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y Maximiliano Voss, quien se desempeñó como titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). El motivo de esta presentación radica en presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de valuación y la posterior licitación de la empresa estatal Intercargo, una pieza fundamental del sistema aerocomercial argentino que se encuentra actualmente dentro del plan de privatizaciones del Gobierno nacional.
La presentación legal fue radicada este jueves y, tras el proceso de sorteo correspondiente, quedó bajo la órbita del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3. De acuerdo con los detalles del escrito presentado por la entidad gremial, las imputaciones se centran en delitos de defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica. Todas estas acusaciones están íntimamente vinculadas a la manera en que se determinó el precio base de venta de la compañía estatal.
El núcleo del conflicto jurídico y gremial se sitúa en la Resolución 282/2026 emanada del Ministerio de Economía y publicada el pasado 26 de marzo. A través de dicha norma, se fijó un precio base para la privatización de Intercargo estimado en los 45 millones de dólares. Para la Asociación del Personal Aeronáutico, esta cifra resulta ser "inexplicable" cuando se contrastan los números con los indicadores económicos más recientes de la empresa. Según sostiene el sindicato, Intercargo ha mantenido resultados positivos en sus balances más recientes y cuenta con activos significativos, lo que, sumado a sus niveles de rentabilidad, la convierte en una firma sumamente atractiva para los inversores privados del sector.
En cuanto a la metodología utilizada para llegar a esa cifra, la tasación oficial fue llevada a cabo por el BICE mediante el método de flujo de fondos descontados. Si bien fuentes gubernamentales han defendido este procedimiento por ser una técnica habitual en los procesos de valuación empresarial, la APA cuestiona duramente la elección del BICE como el ente encargado de realizar dicha tarea. El gremio señala que el Gobierno podría haber recurrido a organismos con una tradición más específica y adecuada para llevar a cabo tasaciones de activos públicos.
Este escenario se desarrolla en un contexto de intensa controversia debido a la política de privatizaciones que el presidente Javier Milei impulsa bajo el marco de la Ley Bases. Esta normativa es la que ha habilitado la venta del 100% del paquete accionario de Intercargo a través de una licitación pública de alcance nacional e internacional, eliminando cualquier posibilidad de participación estatal residual en la empresa.
Intercargo no es una firma menor en la estructura logística del país, ya que desempeña un rol estratégico al brindar servicios de rampa, carga y descarga de equipaje, y asistencia general a aeronaves en más de diez aeropuertos argentinos. Mientras el Gobierno avanza en la desregulación del sector para permitir la entrada de nuevos operadores, el proceso de privatización ya prevé un cronograma abierto a oferentes, exigiendo requisitos operativos que garanticen que el servicio no se interrumpa durante el periodo de transición hacia la propiedad privada.
Desde la Asociación del Personal Aeronáutico advirtieron que la fijación de un valor base tan bajo podría representar un perjuicio económico directo para el Estado Nacional, denunciando lo que consideran un intento de "vaciamiento del patrimonio público". Asimismo, el sindicato puso el foco en la dimensión social del conflicto, alertando sobre el posible impacto en el empleo, dado que Intercargo vincula laboralmente a aproximadamente 1.500 trabajadores del sector aeronáutico.
Finalmente, la APA reiteró su pedido de una investigación judicial exhaustiva sobre todo el proceso administrativo que culminó en el valor fijado para la licitación. Los representantes del gremio afirmaron que el objetivo de la denuncia es "evitar una posible estafa al pueblo argentino", anticipando que no solo agotarán las instancias judiciales, sino que también impulsarán diversas acciones en el plano gremial para frenar o revisar el proceso de venta.
