La tensión política entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España ha experimentado un ligero descenso este lunes, coincidiendo con el atraque del buque Hondius en el puerto de Granadilla, una maniobra forzada por las condiciones meteorológicas adversas. Sin embargo, el aterrizaje del barco en puerto no ha borrado las profundas discrepancias y las duras palabras intercambiadas entre las autoridades regionales y el Ejecutivo central durante la gestión de la evacuación de los pasajeros.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha manifestado su malestar ante lo que considera una gestión unilateral por parte de Madrid. Clavijo criticó abiertamente la falta de consenso en la definición de los criterios para evacuar a los pasajeros del Hondius, asegurando que el Gobierno central impuso sus decisiones sin consultar a las autoridades canarias. Según el presidente regional, el Ejecutivo central no mostró disposición para compartir o acordar los protocolos, rechazando todas las condiciones planteadas por el Gobierno de Canarias.
Este clima de confrontación ha sido exacerbado por las declaraciones de Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, quien ha empleado términos contundentes para describir la actitud del Gobierno de España. Dávila calificó al Ejecutivo central de colonialista y lo describió como un Gobierno soberbio, con un desprecio institucional absoluto y una prepotencia y chulería que calificó de inaceptables. En sus redes sociales, la presidenta del Cabildo subrayó que Tenerife no se encuentra en un proceso de colonización y denunció que se ha impuesto una política de hechos consumados, ignorando los riesgos y las dudas planteadas por las autoridades locales.
Desde el Ministerio de Sanidad, la ministra Mónica García ha salido en defensa de la operativa, asegurando que todas las decisiones se han tomado basándose estrictamente en criterios técnicos, evidencia científica y protocolos establecidos. Uno de los puntos más polémicos ha sido la exigencia del Gobierno de Canarias de realizar pruebas PCR a los pasajeros antes de su desembarco. La ministra García desmintió la viabilidad de esta petición, explicando que los resultados de dichas pruebas tardarían al menos 24 horas en obtenerse, lo que habría complicado y dilatado significativamente la operación de evacuación.
En sintonía con la ministra, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, explicó que enviar las pruebas hasta Madrid para su análisis y esperar los resultados habría prolongado la estancia del buque en aguas canarias. Esta situación pone de relieve una contradicción en las demandas del Ejecutivo regional: mientras Fernando Clavijo y Rosa Dávila insistían en que el barco debía abandonar Canarias lo antes posible y que el desembarco debía realizarse en un plazo de 12 horas, simultáneamente solicitaban que se realizaran PCR a bordo, una medida técnicamente incompatible con la rapidez exigida.
Además, la ministra de Sanidad rebatió el argumento de Clavijo, quien sostenía que las PCR previas habrían evitado que pasajeros contagiados desembarcaran. García recordó que el período de latencia es de 42 días, tiempo durante el cual pueden aparecer síntomas incluso después de una prueba negativa.
A las complicaciones sanitarias y políticas se sumaron los problemas logísticos. La evacuación se vio prolongada debido a fallos técnicos en un avión procedente de Australia destinado a recoger a tres ciudadanos de dicho país. Mientras Rosa Dávila exigía que el Gobierno central coordinara el traslado de estos ciudadanos hacia Madrid para agilizar el proceso, la solución final fue que los pasajeros australianos viajarían primero a los Países Bajos y, posteriormente, regresarían a su país en un avión fletado por sus propias autoridades.
Otro detalle que ha alimentado la preocupación del presidente canario ha sido la posible presencia de roedores en el buque. Clavijo transmitió a la ministra de Sanidad su temor de que estos animales pudieran llegar a tierra firme, cruzando los aproximadamente 200 metros de agua que separaban la nave de la costa.
A pesar de que Clavijo ha indicado en la red social X que la prioridad actual es que la operación se desarrolle con garantías y que el crucero parta cuanto antes hacia los Países Bajos, Rosa Dávila mantiene su postura crítica, asegurando que Tenerife ha sido víctima de las imposiciones de Madrid y que el Gobierno central ha pretendido mantener a las instituciones locales calladas y sumisas.
