El presidente Luis Abinader anunció la detención inmediata de toda actividad relacionada con el proyecto minero Romero, ubicado en la provincia de San Juan, debido a la fuerte oposición manifestada por diversos sectores de la población. La decisión, según explicó el mandatario, se basa en el marco legal vigente, específicamente en la Ley 64-00 de Medio Ambiente, que impide el avance de proyectos de alto impacto ambiental ante una significativa resistencia social.
Abinader enfatizó que su gobierno prioriza la escucha de las preocupaciones ciudadanas y actúa con responsabilidad. El rechazo masivo al proyecto Romero, en las condiciones actuales, lo hace inviable, afirmó. El jefe de Estado aclaró que la iniciativa minera no es reciente, sino que sus orígenes se remontan a concesiones de exploración otorgadas en 2005, con renovaciones posteriores en 2010, 2015 y 2018.
El gobierno dominicano precisó que, durante la actual administración, el proyecto Romero se encontraba únicamente en fase de evaluación ambiental, sin contar con la autorización necesaria para iniciar su explotación. Esta fase de evaluación se detiene de inmediato.
La decisión tomada por el presidente Abinader establece un precedente importante en la relación entre las políticas ambientales y la participación ciudadana, en un país donde los conflictos socioambientales han cobrado creciente relevancia. La suspensión del proyecto responde directamente a la presión ejercida por comunidades locales y organizaciones ambientales que expresaron su preocupación por los posibles impactos negativos del proyecto en el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de la zona.
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