La Fiscalía investiga al capitán de la Policía Nacional Román Vallejos Castillo por presunto enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo, tras descubrir movimientos bancarios injustificados por más de S/31 millones en un lapso de dos años. La investigación, liderada por el fiscal Luis Mina Abanto, apunta a una posible conexión entre operaciones de minería ilegal y un esquema de robo de lingotes de oro que eran reemplazados por cobre, conocido como cambiazos .
El peritaje contable revela que entre enero de 2023 y enero de 2025, Vallejos recibió abonos por 13,4 millones de soles en cuentas locales, además de movimientos adicionales en dólares. Esta suma contrasta drásticamente con sus ingresos oficiales declarados, que ascienden a S/96 mil entre 2023 y 2025, considerando un sueldo mensual de S/4 mil.
La empresa Prama Cars, perteneciente a Vallejos, aparece como un elemento clave en la investigación. Si bien la compañía fue titular de 96 vehículos, las ventas realizadas no justifican el volumen de dinero detectado en las cuentas del capitán. La defensa de Vallejos atribuye los movimientos bancarios a la compraventa de autos usados, pero la fiscalía cuestiona la legitimidad de esta explicación.
La investigación se centra en la presunta existencia de una estructura criminal dentro de la Policía Nacional, que involucra a oficiales del Departamento de Inteligencia de la Dirincri y de la Brigada Especial contra la Criminalidad de San Juan de Lurigancho. Se sospecha que Vallejos era el encargado de filtrar información y utilizaba los vehículos de Prama Cars para transportar el oro que debía ser incautado por las autoridades.
Uno de los casos documentados por la fiscalía corresponde al 21 de mayo de 2023, cuando Vallejos alertó a su compañero de promoción, el capitán Jorge Benítez Gutiérrez, jefe del Departamento de Búsqueda de la División de Inteligencia de la Dirincri, sobre el traslado de cuatro lingotes de oro valorados en S/2 millones por la empresa Key Transport Group. Al día siguiente, Benítez y el coronel Rafael Morón Díaz realizaron la intervención, pero los lingotes nunca llegaron a la autoridad competente.
Un colaborador eficaz ha declarado que el oro fue reemplazado por barras de cobre y vendido en el mercado ilegal, con las ganancias distribuidas entre los involucrados, siendo Vallejos el organizador y principal beneficiario. Otro episodio investigado se produjo el 10 de julio de 2023, durante un traslado al almacén de Servicios Aeroportuarios Andinos (SASAA) en el Callao, donde se sustrajo un lingote de oro. La fiscalía ha encontrado una correlación entre este robo, valorado en S/5,8 millones, y un abono de S/8,5 millones en la cuenta de Vallejos, lo que refuerza la hipótesis de un enriquecimiento ilícito.
La empresa Prama Cars fue constituida el 18 de marzo de 2022 con un capital de S/5 mil y la participación del padre de Vallejos, Apolinar Vallejos Vásquez. Sin embargo, la fiscalía señala que la firma vendió apenas 96 vehículos en el periodo investigado, a precios unitarios que oscilan entre USD 6.000 y USD 10.000, un rango insuficiente para justificar la suma de S/31,4 millones detectada en las cuentas del capitán.
El capitán Jorge Benítez Gutiérrez emerge como un vínculo clave en la investigación, siendo considerado un socio de Vallejos en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional y una pieza fundamental en los cambiazos de metales preciosos. Un colaborador eficaz ha identificado a ambos como los principales responsables de una red dedicada a utilizar la institución policial para apropiarse de oro y desviar las ganancias ilícitas hacia cuentas personales y empresas pantalla.
El fiscal Luis Mina Abanto ha declarado que la investigación continúa y que los S/31 millones encontrados en las cuentas de Vallejos podrían ser solo la punta del iceberg, sugiriendo que podrían haber ocurrido más cambiazos de los que se han descubierto hasta el momento. La fiscalía busca determinar el alcance total de la red criminal y la identidad de todos los involucrados, con el objetivo de llevarlos ante la justicia y recuperar los bienes ilícitamente obtenidos.
La investigación ha generado preocupación en la Policía Nacional, que ha prometido colaborar plenamente con la fiscalía para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. El caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y transparencia en la institución, con el fin de prevenir la corrupción y garantizar la confianza de la ciudadanía. La fiscalía continuará con el levantamiento de información y el análisis de pruebas para determinar la responsabilidad penal de los implicados y desmantelar la estructura criminal que operaba dentro de la Policía Nacional.
