El gobierno de José Antonio Kast se encuentra bajo creciente escrutinio a medida que las promesas de campaña en materia económica y seguridad no se materializan, generando dudas sobre su capacidad de gestión y un notable descenso en la aprobación popular. La administración ha sido criticada por la falta de un plan concreto para mejorar la seguridad, evidenciado por la crisis inicial en la PDI tras la actuación de la ministra Trinidad Steinert y los recientes vínculos de miembros de su equipo con casos de narcotráfico y crimen organizado.
Las explicaciones ofrecidas por la ministra Steinert y la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, sobre sus conexiones con individuos involucrados en actividades ilícitas han sido consideradas insuficientes, especialmente considerando la postura más exigente que el propio gobierno adoptó en la oposición. La subsecretaria Quintana generó controversia al sugerir que la responsabilidad de evitar la delincuencia recae en los ciudadanos, minimizando el rol del Estado y las fuerzas policiales.
En el ámbito económico, el gobierno no ha logrado convencer a la ciudadanía de su plan de crecimiento, recibiendo apoyo principalmente de sectores minoritarios pero influyentes. La inflación al alza y los recortes fiscales, ejemplificados por el Oficio 16, han generado preocupación y desconfianza, con una mayoría de encuestados que no cree en la justificación oficial de una crisis fiscal. La comparación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entre la filtración del oficio y una violación de la correspondencia privada, solo ha exacerbado la situación.
La encuesta Cadem más reciente revela un desplome en la popularidad del gobierno y de sus ministros de Seguridad y Hacienda, con solo un 8% de los encuestados que considere que la situación fiscal del país es crítica. Este panorama refleja un desorden comunicacional y un vacío en la gestión que no se resuelve con mensajes vacíos o culpas al adversario. Suscríbete a Noticias lat para más noticias.
