La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) incluyó a Guatemala en su Lista de Vigilancia Prioritaria (Watch List) tras su análisis anual de 2025 sobre el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham) ha respondido con un llamado al fortalecimiento institucional para abordar las deficiencias identificadas.
La permanencia de Guatemala en esta lista, según AmCham, podría afectar negativamente la inversión extranjera y la imagen del país, generando dudas sobre la seguridad jurídica en materia de propiedad intelectual. Waleska Sterkel de Ortiz, directora ejecutiva de AmCham, señaló que el informe Special 301 del USTR es un llamado claro a fortalecer el ecosistema de propiedad intelectual , destacando desafíos estructurales en la aplicación efectiva de la ley, la coordinación interinstitucional y la asignación de recursos.
El análisis del USTR identifica sectores clave como ropa, calzado deportivo, accesorios, productos farmacéuticos y piratería de señales como áreas problemáticas. Si bien se reconoce que Guatemala cuenta con una legislación sólida, persisten brechas significativas en su implementación. La falsificación de productos, la comercialización de medicamentos ilícitos y la piratería digital, especialmente a través de IPTV, son ejemplos de estos problemas. También se mencionan retrasos en el registro de patentes y la limitada especialización del sistema judicial en esta materia.
El reciente Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) entre Estados Unidos y Guatemala establece obligaciones vinculantes en materia de propiedad intelectual, incluyendo la adhesión a tratados internacionales como el Convenio de Berna, los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el Convenio de París, así como el fortalecimiento de estándares en la protección de variedades vegetales bajo el marco de la UPOV. El ART también prioriza acciones penales y aduaneras contra infracciones y promueve la cooperación institucional.
AmCham se ha comprometido a colaborar con el sector público, a través del Comité de Propiedad Intelectual, para impulsar acciones concretas que permitan cumplir con estos compromisos y fortalecer el Estado de Derecho.
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