La carrera electoral de 2027 ha comenzado de facto, con dirigentes de los principales partidos políticos elevando su perfil y consolidando redes de poder, a pesar de que aún falta tiempo para el período oficial de campañas. La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Servir y Todos son los partidos que lideran esta estrategia, aprovechando vacíos legales que difuminan la línea entre actividad partidaria y campaña anticipada.
Sandra Torres, secretaria nacional de la UNE, ha realizado promesas de cambios en el gobierno durante mítines, mientras que Carlos Pineda, de Servir, utiliza sus redes sociales y un pódcast para posicionar su agenda y presentarse como candidato presidencial. Servir, sin embargo, enfrenta fracturas internas con la salida de figuras como Aaron Rodas y Nadia Castellanos, quienes critican el control de la familia Pineda y Rossel sobre el partido.
Todos, por su parte, ha sumado al abogado y pastor Sergio Madrazo como presidente de su consejo político, anunciando iniciativas legislativas como la modificación del IUSI. Madrazo está vinculado a la Agrupación Solidaria de Profesionales Afines (ASPA), liderada por el exmagistrado Nester Vásquez Pimentel.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se enfrenta al reto de monitorear y sancionar estas acciones, pero la ambig edad de la ley genera dudas sobre sus límites. La intensificación de la presencia pública de los posibles candidatos, las promesas y el posicionamiento personal, aunque no incluyan un llamado directo al voto, tienen un efecto electoral evidente que favorece a quienes dominan la exposición mediática.
La situación plantea un dilema para el TSE: garantizar el proselitismo político o corregir los abusos. Sin reglas claras, la contienda podría arrancar en desigualdad de condiciones, erosionando la confianza ciudadana, como ocurrió en 2023. Las fracturas internas y las alianzas sectoriales revelan una competencia en marcha que redefine el mapa político antes de 2027.
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