Las amenazas de tiroteos en escuelas, que alguna vez parecieron un fenómeno lejano, se han multiplicado rápidamente en Mendoza, activando protocolos en más de 230 escuelas y generando la identificación de decenas de menores involucrados en más de 1.200 publicaciones amenazantes en redes sociales, con al menos 19 denuncias formales. Esta escalada obliga a replantear la estrategia de respuesta y a priorizar la prevención, según expertos.
La reciente ola de amenazas ha puesto de manifiesto la necesidad de ir más allá de la mera reacción ante incidentes ya ocurridos. Si bien el Gobierno ha avanzado en la implementación de un protocolo para abordar amenazas de bomba, agresores armados y crisis suicidas en el ámbito escolar, este se centra en la respuesta y la contención, no en la prevención. El protocolo ordena la respuesta, define roles y reduce la improvisación, elementos necesarios, pero insuficientes para abordar la raíz del problema.
El criminólogo Eduardo Muñoz señala que la escuela no es el origen de estas conductas, sino el lugar donde se manifiestan procesos preexistentes, como mensajes en redes sociales, conflictos no resueltos y la búsqueda de visibilidad o provocación por parte de adolescentes. La detección temprana de estas señales se convierte, por lo tanto, en el desafío central. Cuando se habla de prevención, conviene ser concretos , afirma Muñoz.
La rápida propagación de las amenazas a través de las redes sociales evidencia un claro efecto contagio, donde la imitación y la búsqueda de visibilidad con bajo costo percibido juegan un papel importante. Más de 1.200 publicaciones en pocos días no son casuales, sino una muestra de cómo la viralidad incentiva la repetición de estas conductas. A este fenómeno se suman limitaciones estructurales, como equipos escolares sobrecargados, falta de coordinación entre escuela, familia, servicios de salud mental y justicia, y la velocidad con la que se desarrollan los acontecimientos en el entorno digital.
El protocolo recientemente implementado también incorpora la atención de crisis suicidas, reconociendo que el problema va más allá de la seguridad física. Sin embargo, la respuesta se concentra principalmente en controles, requisas y simulacros, que si bien ordenan la reacción, no necesariamente reducen la frecuencia de los casos. La pregunta que surge es si estas medidas solo contienen el problema o si realmente contribuyen a su solución.
En muchos de los episodios registrados, no existe un plan estructurado detrás de las amenazas, sino una escalada de conductas como conflictos sin mediación, búsqueda de impacto en redes y dificultades para canalizar las emociones. Si estas problemáticas subyacentes no se abordan, la amenaza se convierte en una forma posible de reacción, perpetuando el ciclo.
La experiencia de otros países con mayor trayectoria en la gestión de la violencia escolar ofrece ejemplos de enfoques más sistémicos. El National Threat Assessment Center en Estados Unidos ha desarrollado modelos de evaluación multidisciplinaria de amenazas, mientras que Canadá aplica el esquema VTRA, que integra escuelas, policía y salud mental. El Reino Unido, por su parte, utiliza el programa Channel para la detección temprana de jóvenes en riesgo.
Estos enfoques, aunque no eliminan el problema por completo, buscan actuar en las fases iniciales, identificando y abordando los factores de riesgo antes de que la situación se agrave. En Mendoza y en gran parte de Argentina, la respuesta sigue concentrada principalmente en la fase reactiva, lo que limita la capacidad de prevenir la escalada de la violencia.
El sistema hoy reacciona mejor y con menos improvisación. Pero eso no cambia el punto central. Mientras la intervención llegue después, no estamos previniendo nada. Solo estamos administrando un problema que ya se puso en marcha , advierte Muñoz. La diferencia clave reside en la capacidad de intervenir antes de que la amenaza se materialice, actuando sobre las causas subyacentes y brindando apoyo a los jóvenes en riesgo.
El criminólogo enfatiza que la solución no está en mejorar la respuesta ante las amenazas, sino en desarrollar estrategias de prevención efectivas que permitan identificar y abordar las señales de alerta temprana. Esto requiere una mayor coordinación entre los diferentes actores involucrados, una inversión en recursos para la salud mental y una mayor conciencia sobre los factores de riesgo que pueden conducir a la violencia escolar. La implementación de protocolos es importante, pero debe complementarse con un enfoque integral que priorice la prevención y la atención temprana.
