El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios y exfuncionarios estatales han sido acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de colaborar con el Cartel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos. La acusación, que podría acarrear penas de hasta cadena perpetua, alega que los acusados facilitaron el tráfico de drogas a cambio de sobornos y protección política, abusando de su autoridad y exponiendo a víctimas a violencia.
Según los fiscales estadounidenses, Rocha Moya habría prometido apoyo a Los Chapitos desde su campaña a la gubernatura, permitiéndoles operar con impunidad y colocar a funcionarios corruptos en puestos clave. La acusación detalla que los implicados protegieron a líderes del cartel, filtraron información sensible y ordenaron a las fuerzas de seguridad resguardar cargamentos de droga. Entre los acusados también se encuentran el senador Enrique Inzunza Cázarez y el vicefiscal general Dámaso Castro Saavedra, quienes han rechazado las imputaciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado que su gobierno no protegerá a nadie, pero exige pruebas contundentes antes de cualquier acción. La Fiscalía General de la República de México ha recibido las solicitudes de detención con fines de extradición y las está revisando. El gobierno mexicano ha enfatizado la importancia de la soberanía nacional y el debido proceso legal.
El caso se produce en un momento de tensión en las relaciones entre México y Estados Unidos, exacerbado por la muerte de agentes de la CIA en Chihuahua y la creciente presión del gobierno de Donald Trump para que México intensifique su lucha contra los cárteles. La acusación ha generado controversia, con Rocha Moya denunciando un ataque contra la cuarta transformación y Sheinbaum calificando de desafortunadas las declaraciones del embajador estadounidense.
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