El Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Maynas, en Loreto, dictó una condena de 35 años de prisión contra Lucas Pezo Amaringo, reconocido como autor del delito de violación sexual en agravio de Mila, una menor de edad. La sentencia se emitió tras un proceso de conclusión anticipada, en el cual el acusado admitió su responsabilidad en los hechos, e incluye una reparación civil de 35 mil soles destinada a la víctima.
El caso de Mila, como ha sido conocido públicamente, expuso una de las manifestaciones más graves de violencia contra niñas y adolescentes en el Perú. La menor fue sometida a violencia sexual reiterada por parte de su padrastro, lo que lamentablemente resultó en un embarazo forzado. El desarrollo del proceso judicial reveló importantes obstáculos en el acceso a servicios de protección y justicia para las víctimas de violencia sexual, poniendo de manifiesto las deficiencias del sistema en la atención de estos casos.
En el año 2023, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas emitió una medida cautelar con el objetivo de garantizar el acceso de Mila a un aborto terapéutico. Esta decisión se tomó después de que a la menor se le negara inicialmente este derecho, a pesar de las circunstancias excepcionales que rodeaban su embarazo. La negativa inicial generó una gran controversia y puso en evidencia las dificultades que enfrentan las víctimas de violencia sexual para acceder a servicios de salud esenciales.
La organización Promsex ha calificado la sentencia como un acto de justicia, aunque enfatiza que la respuesta del sistema judicial llegó de manera tardía. El agresor permaneció prófugo de la justicia durante casi tres años, lo que prolongó el sufrimiento de la víctima y dificultó el proceso de búsqueda de justicia. Este retraso subraya la necesidad de mejorar la eficiencia de las investigaciones y la persecución de los delitos de violencia sexual.
Mila es un pseudónimo utilizado para proteger la identidad de la menor, cuya historia ha sido seguida de cerca por diversas agencias de las Naciones Unidas. Estas agencias han expresado su profunda preocupación por la vulneración de los derechos fundamentales de la niña, quien desde los siete años fue víctima de abusos sexuales por parte de su padrastro. Cuando su caso se hizo público, Mila tenía 11 años y se encontraba embarazada de 17 semanas como consecuencia de los abusos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en colaboración con ONUSIDA, ONU Mujeres, UNFPA y UNICEF, han alertado sobre el impacto devastador que el embarazo forzado tiene en la vida, la salud y el desarrollo de las niñas víctimas de violencia sexual. En el caso específico de Mila, la Unidad de Protección Especial de Loreto solicitó un aborto terapéutico al Hospital Regional de Loreto, sin embargo, la solicitud fue rechazada por una junta médica, a pesar de los evidentes riesgos físicos y emocionales para la menor.
El Comité de Derechos del Niño de la ONU estableció claramente que negar servicios médicos como el aborto terapéutico a niñas embarazadas como resultado de abuso sexual constituye una violación a sus derechos a la salud, la vida y el desarrollo. La maternidad forzada, según las agencias de la ONU, no es una elección voluntaria ni segura, y representa un grave riesgo para la integridad física y emocional de las niñas.
Las Naciones Unidas han instado repetidamente al Estado peruano a revisar la decisión que impidió a Mila acceder al aborto terapéutico y a garantizar este derecho a todas las niñas y adolescentes que se encuentren en situaciones similares, dentro del marco establecido por el protocolo nacional. La falta de acceso a servicios de salud seguros y legales puede tener consecuencias devastadoras para la salud y el bienestar de las víctimas de violencia sexual.
La condena a Lucas Pezo Amaringo representa un paso importante en la búsqueda de justicia para Mila, pero también pone de relieve la necesidad de abordar las causas estructurales de la violencia sexual y de fortalecer los mecanismos de protección y atención a las víctimas. Es fundamental que el Estado peruano cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y garantice que todas las niñas y adolescentes tengan acceso a una vida libre de violencia y discriminación. El caso de Mila debe servir como un llamado de atención para que se tomen medidas urgentes para prevenir y erradicar la violencia sexual en todas sus formas.
