La Fiscalía ha denunciado una presunta obstrucción a una diligencia investigativa por parte del Contralor de la República y su subcontralor, en relación con el caso de presunto enriquecimiento injustificado que involucra a José Gabriel Carrizo. Según la fiscal Adela Cedeño, funcionarios de la Contraloría irrumpieron en su despacho mientras se entrevistaba a tres auditoras que elaboraron el informe clave en la acusación contra Carrizo.
Este incidente ha generado una fuerte controversia, con el Ministerio Público calificando la acción como un posible hecho punible tipificado en el artículo 388 del Código Penal, que establece una pena de entre cinco y diez años de prisión por impedir las funciones de servidores públicos. La fiscalía denuncia una presunta intimidación que buscaba obstaculizar la investigación en curso.
La Contraloría, por su parte, ha minimizado el incidente, argumentando que solo buscaban conocer la situación de las auditoras, quienes estaban siendo entrevistadas por más de ocho horas. Además, criticaron a la fiscalía, sugiriendo que las diligencias generaban inquietud sobre su alcance y forma.
Sin embargo, la fiscalía rechaza esta justificación, señalando que las entrevistas no tienen límite de tiempo y que la Contraloría debería haber presentado denuncias formales si existían irregularidades en la forma en que se realizaban las entrevistas. En cambio, es el Ministerio Público quien ha iniciado una investigación sobre las acciones del Contralor.
El abogado autor del análisis, advierte sobre un desgaste continuo del sistema democrático panameño, donde las debilidades institucionales dificultan la rendición de cuentas. Subraya que los órganos de control, en lugar de supervisar, se están convirtiendo en los más descontrolados, actuando bajo presiones o limitaciones.
Se espera que la investigación se lleve a cabo con imparcialidad, objetividad y profesionalismo para determinar si se cometió un delito y fortalecer el equilibrio de poderes en Panamá. Suscríbete a Noticias lat para más noticias.
