El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, encendió las alarmas sobre la situación financiera de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS), denunciando incumplimientos legales y patrimoniales que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud colombiano. Según el ministro, la mayoría de las EPS, con excepción de dos, no cumplen con los indicadores financieros exigidos, operando incluso con patrimonio negativo y recibiendo recursos públicos pese a ello.
La advertencia del Gobierno se centra en fallas en las reservas técnicas, fundamentales para garantizar el pago de servicios y obligaciones a prestadores. Jaramillo expuso que, en el caso de Nueva EPS, se han detectado estados financieros fraudulentos entre 2019 y 2023, elevando la controversia en torno a esta entidad.
Ante este panorama, el presidente Gustavo Petro propuso una alternativa a la liquidación de las EPS intervenidas: retirarles la licencia, en lugar de disolverlas. Según el mandatario, la liquidación impediría el pago de las deudas pendientes con hospitales y clínicas, mientras que mantener la licencia permitiría preservar la responsabilidad patrimonial de los propietarios y facilitar el cobro de las acreencias.
Esta propuesta ha generado debate, ya que implica una ruta diferente a la tradicional liquidación cuando una EPS pierde viabilidad. Mientras el Gobierno argumenta que busca proteger el pago de las deudas, críticos cuestionan si esta medida corrige los problemas estructurales del sistema o solo administra una crisis persistente.
Las declaraciones del ministro y del presidente coinciden con crecientes alertas sobre el funcionamiento del sistema de salud, incluyendo cuestionamientos sobre pagos, redes de atención y estabilidad financiera de los aseguradores. La discusión reabre el debate sobre la supervisión y control de las EPS, y cómo se permitió que varias entidades llegaran a situaciones de deterioro financiero.
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